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Cincuenta y dos de los 55 políticos opositores y activistas hongkoneses detenidos esta semana han sido puestos en libertad bajo fianza y sin cargos, informó este viernes la Policía de Hong Kong.
Ninguno de ellos ha sido acusado, si bien a 3 de los 55 se les denegó la fianza: a los activistas Joshua Wong y Tam Tak-chi, ya que cumplen penas de cárcel en la actualidad, y al exdirigente del Partido Democrático Wu Chi-wai, por no entregar su pasaporte tras ser liberado bajo fianza en un caso anterior.
Según afectados citados por la radiotelevisión local RTHK, la fianza asciende a 30.000 dólares hongkoneses (más de 2.7 millones de pesos), a lo que se suma la entrega de sus pasaportes.
La Policía hongkonesa agregó que todos los sospechosos liberados bajo fianza deberán presentarse en comisaría a principios de febrero, salvo el exdiputado Au Nok-hin, que deberá hacerlo este mismo mes.
A su salida de la comisaría hongkonesa de Ma On Shan, en la noche del jueves, el activista y profesor de derecho Benny Tai afirmó que “los hongkoneses hallarán su propia forma de seguir adelante contra el viento”.
Mensajes similares emitieron otros activistas en el momento de su puesta en libertad, como el exdiputado Raymond Chan, que dijo que el Gobierno hongkonés estaba usando todos los medios a su alcance para “liquidar” al bando prodemocrático.
Supuesta “subversión”
La de este miércoles -con 53 arrestados- fue la mayor redada policial contra opositores desde la entrada en vigor, el pasado 30 de junio, de la polémica Ley de Seguridad Nacional.
Este miércoles, el superintendente de la Policía de Hong Kong Steve Li indicó que un millar de agentes participaron en las detenciones por supuesta “subversión”, en relación con las primarias del bando prodemócrata celebradas el pasado mes de julio de cara a las elecciones legislativas convocadas para septiembre, finalmente pospuestas por las autoridades arguyendo que la pandemia las imposibilitaba.
En esas primarias, los candidatos diseñaron un plan para hacerse con la mayoría parlamentaria y, a través de los mecanismos democráticos establecidos, forzar la renuncia de la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, una conducta que el portavoz policial consideró “subversiva”.
Desde la entrada en vigor de la controvertida ley de seguridad -diseñada e impuesta por Pekín- se han sucedido numerosas redadas policiales y detenciones de activistas, ante lo que algunos de ellos han optado por exiliarse para tratar de evitar represalias por actividades que, bajo la nueva legislación, podrían ser constitutivas de delito.
