Un grupo de expertos internacionales que iba a participar en la investigación sobre la violencia policial contra los manifestantes prodemocracia en Hong Kong anunció este miércoles su renuncia ante la posibilidad de trabajar libremente, lo que supone un revés para el ejecutivo prochino.
Hace un mes, estos expertos, elegidos por el gobierno de Hong Kong, ya redactaron un comunicado, que finalmente no publicaron pero que apareció en los medios, en el que denunciaban el problema de su falta de independencia.
También apuntaban que para lograr una investigación confiable habría que encargársela a un organismo totalmente independiente de la policía y no a la Autoridad de supervisión de la policía de Hong Kong (IPCC), que estaba a cargo.
Finalmente, este miércoles, los expertos anunciaron que su colaboración con la IPCC no prosperó.
“En consecuencia el grupo independiente de expertos [Independent Expert Panel, IEP] decidió renunciar oficialmente”, indicó un comunicado.
“Llegamos a la conclusión de que hay grandes lagunas patentes en las capacidades y en las posibilidades de investigar de manera independiente del IPCC”, escriben en su carta.
El analista político Ma Ngok dijo que la decisión de estos expertos confirma las dudas de los habitantes de Hong Kong sobre la capacidad de la IPCC para esclarecer lo que está ocurriendo en las calles.
“La estrategia del gobierno de hacer creer que estaba realizando un informe independiente gracias a estos expertos extranjeros fracasó”, dijo Ngok a la AFP.
La reivindicación de las calles
La investigación sobre la actuación de la policía se ha convertido en una de las principales reivindicaciones del movimiento prodemocracia, que desde hace seis meses protesta en este territorio chino semiautónomo.
Pero el ejecutivo de Hong Kong, dirigido por Carrie Lam, siempre rechazó esta demanda.
El grupo de investigadores está presidido por Dennis O’Connor, un exmagistrado especialista del derecho del mantenimiento del orden, e incluía a expertos de otros países como Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda.
En diciembre, el director del IPCC, Anthony Neoh, criticó a los expertos en los medios chinos considerando que “no entendían la situación en Hong Kong”.
Según sus detractores, el IPCC no tiene el poder de investigación necesario, acepta las estadísticas de la policía sin cuestionarlas y no es capaz de pedir cuentas a las fuerzas de seguridad.
Además, este organismo solo puede tratar las quejas que transmite la propia policía y no puede llamar a testigos ni pedir a un juez que obtenga documentos si no se los transmiten antes.
Según los expertos, estas restricciones “no permiten responder a las expectativas de los ciudadanos de Hong Kong”. La población necesita “un organismo encargado de supervisar a una policía que opere en una sociedad que aprecia las libertades y los derechos”.
El movimiento prodemocracia, que el lunes entró en su sexto mes, empezó con las protestas contra un proyecto de ley que iba a autorizar las extradiciones hacia la China contiental.
El texto fue enterrado, pero los manifestantes ampliaron sus reivindicaciones para pedir más democracia.
En las últimas semanas los enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías se disminuyeron, tras la contundente victoria de los prodemócratas en unas elecciones locales celebradas el 24 de noviembre.
El domingo unas 800.000 personas, según los organizadores (183.000 según la policía) se manifestaron sin incidentes para protestar contra las autoridades de Hong Kong favorables a Pekín.