En una segunda etapa judicial en la prohibición al uso de máscaras durante las manifestaciones, el Tribunal de Apelaciones de Hong Kong dictaminó que la ley impuesta por la líder Carrie Lam sigue siendo inconstitucional pese al recurso presentado por el Gobierno.

Esta decisión de segunda instancia implica que la Policía no podrá hacer cumplir la prohibición de las máscaras, al menos hasta que los jueces entreguen una respuesta completa a la apelación el próximo mes de enero.

El juez jefe del Tribunal Superior Jeremy Poon Shiu-chor y el vicepresidente del Tribunal de Apelaciones Johnson Lam Man-hon detallon que su decisión no debe interpretarse “como un estímulo o como una condonación” para que la gente se cubra la cara, y recuerdan que quienes decidan usar máscaras deben afrontar el “riesgo inherente” de estar actuando en contra de la ley si el Gobierno gana finalmente la apelación.

La decisión llega después que las autoridades chinas cuestionaran la independencia judicial de Hong Kong tras declararse anticonstitucional esta ley que está en vigor desde principios de octubre y con la que el Gobierno local buscaba facilitar el trabajo de la Policía en las protestas que afectan a la ciudad desde junio.

AFP
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Lam descarta nuevas concesiones a manifestantes

La jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, descartó hacer cualquier nueva concesión al movimiento prodemocracia, pese al fracaso electoral de su movimiento y a la celebración del domingo de una multitudinaria y pacífica manifestación.

Las autoridades locales pro Pekín consideraron siempre que la vuelta a un clima de tranquilidad era condición previa y necesaria para iniciar un diálogo, pero durante su conferencia de prensa semanal, Lam rehusó acceder a las reivindicaciones de los manifestantes e ir más lejos que la retirada del proyecto de ley sobre las extradiciones.

“Si una demanda nos obliga a alejarnos de la ley, yo no podría aceptar responder a estas demandas con el único objetivo de responder a las aspiraciones de la población” dijo Lam. También explicó que una amnistía de las personas detenidas, más de seis mil desde junio, de las cuales el 40 por ciento son estudiantes, sería contraria al espíritu del Estado de derecho.