Los musulmanes uigures que escaparon de la represión en la región china de Xinjiang siguen viviendo con miedo. Estar en el extranjero, tener un pasaporte occidental, no basta para protegerlos de una despiadada campaña global de intimidación.

Los textos y mensajes de audio inquietantes, o las amenazas explícitas a familiares que aún viven en Xinjiang, muestran que la sombra del poderoso aparato de seguridad del Estado chino es alargada. El intento de silenciar a los opositores y reclutar informantes llega a democracias tan lejanas como Estados Unidos y Nueva Zelanda.

Los grupos de derechos humanos sospechan que China ha internado a hasta un millón de personas, uigures y otros miembros de minorías principalmente musulmanas, en campos de reeducación chinos.

Aquellos que han logrado huir y establecerse en el extranjero explican que esto no les da seguridad, quejándose de que tanto ellos como sus familias son acosados desde la distancia hasta la exasperación.

Guly Mahsut, de 37 años, que huyó a Canadá, dice que tuvo ganas de suicidarse y que fue hospitalizada después de recibir una ráfaga de mensajes de la policía de Xinjiang amenazando a su familia allí.

“Deberías haber sido más cooperativa. No seas la causa de la desgracia de tus allegados y de tu familia en Toksun. Deberías haber sido más atenta con tu familia”, se puede leer en uno de los mensajes.

Cree que fue blanco de la policía porque denunció a las autoridades de Pekín en internet, y ayudó a los uigures a buscar asistencia en el extranjero.

Recibió también mensajes de los suyos, de su hermana menor, suplicándole que abandonara las actividades políticas y “cooperara” con las autoridades.

Una investigación de la AFP reveló recientemente que los uigures radicados en Francia también reciben presiones de las autoridades chinas.

Números usurpados

La agencia entrevistó a más de una docena de exiliados en cuatro continentes y tuvo acceso a múltiples mensajes atribuidos a los servicios de seguridad chinos. Todo apunta a una campaña sistémica en Pekín para infiltrarse en la diáspora de todo el mundo, reclutar informantes, crear desconfianza y sofocar las críticas al régimen.

Shir Muhammad Hasan, de 32 años, logró llegar a Australia en 2017. Con su condición de refugiado, pensó que estaba a salvo. Sin embargo, apenas un año después, empezaron a llegarle los mensajes siniestros.

“Supongo que tu familia ya te ha dicho que te estoy buscando”, dice el primer mensaje. Otros textos le siguen, pidiéndole que envíe detalles sobre su vida antes de exigir un encuentro “para conocerse”. “Le pedí que me enviara un breve resumen sobre usted, pero no lo hizo”, escribió el autor en un dialecto uigur local, puntuado con el mandarín hablado en China. “Tenemos que sentarnos y hablar.”

Este bombardeo duró seis meses y luego se detuvo abruptamente. El joven está angustiado, no sabe si, ni cuando, su tormento comenzará de nuevo.

La AFP no tiene forma de verificar la identidad de los autores de los mensajes. Se enviaban desde cuentas cifradas de WhatsApp vinculadas a números móviles inactivos de Hong Kong, o a veces a números usurpados.

Preguntada por esta investigación, la portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, declaró que los testimonios de la diáspora uigur “no tienen fundamento” y que proceden de “críticos profesionales” que intentan salir y calumniar a China.

Sin embargo, existen similaridades asombrosas en el modus operandi descrito por los exiliados. De entrada, son contactados por la familia en Xinjiang, luego son los allegados los que hacen las preguntas, y, finalmente, son directamente contactados por sospechosos de pertenecer a los servicios chinos por mensajería segura.

Un uigur que vive con su esposa en Estados Unidos dice que a sus parientes en Xinjiang se les pidió “información sobre mi escuela, mi situación, cómo pude ir al extranjero”.

“Cuando les pregunté por qué necesitaban esta información, me dijeron que tenían que llenar un formulario”, explicó.

El salario de los espías

Los servicios de seguridad pidieron a otras familias de Xinjiang los números de teléfono de los exiliados, dando inicio a las campañas de acoso.

Estas prácticas tienen efectos devastadores en muchos exiliados, paralizados por el miedo a lo que podría pasarles a sus familiares en China si no se someten.

Arslan Hidayat vive en Estambul. No fue acosado directamente, pero troles nacionalistas invadieron su blog en Facebook.

Nació en Australia y quiere hablar, pero sus parientes mayores, incluida su suegra, cuyo marido está detenido, creen que guardar silencio limitará la ira de las autoridades.

Los esfuerzos chinos por crear redes de informantes son también una fuente de fricción y desconfianza entre las comunidades uigures en el extranjero.

Durante la mayor parte de la última década, a los estudiantes uigures que recibían becas en el extranjero se les pedía mucha información delicada. Algunos creen que lo que se les demandaba en realidad era que fueran espías.

“Al pedir una beca, los solicitantes deben dar información detallada sobre su familia en China, pero también sobre sus estudios, su vida, sus actividades en el país anfitrión”, dice un estudiante de doctorado que ahora vive en Australia.

“Una condición para obtener la beca es mantener un estrecho contacto con la embajada de China y con un contacto en la Oficina de Educación de Xinjiang”.

El estudiante añade: “eso puede servir para reunir información sobre los solicitantes y sus familias, o, peor, es el salario de un espía disfrazado de beca”.

“Podemos encontrarte”

Según James Leibold, especialista de relaciones étnicas en China y profesor de la Universidad La Trobe de Melbourne, la intimidación es metódica.

“El alcance del Estado-Partido chino es hoy mucho más grande. Viola de una cierta manera la soberanía de diferentes países a través del mundo al entrometerse en la vida de los ciudadanos de ese país”.

Pekín quiere que los exiliados “se callen sobre estos asuntos, que se abstengan de hacer presión a la clase política local, de hablar a la prensa, de causar problemas a las embajadas y consulados de China”, contrnuó Leibold.

Los medios de comunicación han relatado campañas similares contra los tibetanos, los disidentes, los militantes taiwaneses, los miembros de la secta prohibida Falun Gong y los estudiantes chinos en el extranjero.

Algunos uigures, incluso aquellos que tienen una nacionalidad extranjera o un permiso de residencia permanente, creen que no hay ningún medio de escapar al Estado policial chino.

En los últimos cinco años, Tailandia y Egipto detuvieron a uigures y los devolvieron a China. Pero la vida tampoco es de color de rosa en democracias como Nueva Zelanda o Finlandia.

Shawudun Abdughupur, de 43 años, huyó a Auckland tras presenciar los violentos disturbios interétnicos de julio de 2009 en Xinjiang.

Aunque es ciudadano neozelandés, no le gusta hablar en público: teme lo que le pueda pasar a él pero también a su madre de 78 años. Cree que está en un campo.

“No puedo decir mucho”, dijo a la AFP en su primera entrevista filmada, luchando contra las lágrimas. “No sé si el gobierno de Nueva Zelanda puede protegerme. ¿Cómo podrían protegerme?”.

Después de negarse a dar detalles de sus reuniones con otros uigures, recibió un mensaje inquietante: “Podemos encontrarte. Estamos en Nueva Zelanda”.

‘No me siento seguro’

Cuando Abdughupur denunció el incidente a la policía neozelandesa, lo trataron como si fuera una llamada molesta cualquiera, remitiéndolo a la organización de seguridad en línea sin ánimo de lucro Netsafe, que lo remitió de nuevo a las fuerzas del orden.

La policía neozelandesa, al igual que otras de todo el mundo, dijo que no podía discutir los casos por razones de privacidad.

Halmurat Uyghur, un joven de 35 años que vive al norte de Helsinki, dijo que en varias ocasiones denunció mensajes amenazantes a la policía finlandesa, pero nada cambió.

“No me siento seguro, quién sabe qué pasará después”, dijo.

Un antiguo alto funcionario de seguridad nacional estadounidense confirmó que la cuestión de la persecución china a los llamados “fugitivos” en el extranjero se le había planteado a Pekín “a través de los canales de las fuerzas del orden y también al más alto nivel”.

Responsables estadounidenses actuales reconocieron estar al tanto de noticias de intimidación a los uigures en Estados Unidos, pero rechazaron hacer comentarios al respecto.

Ben Rhodes, quien pasó ocho años como ayudante de seguridad nacional durante la presidencia de Barack Obama, dijo que las democracias podrían mitigar algunas de las acciones de China, pero que los aliados tendrían que “cerrar filas”.

Pekín es “generalmente intransigente sobre las cosas que siente que son asuntos internos”, dijo.

Añadió: “La manera de afrontarlo realmente sería que Estados Unidos reuniera a otros países para enfrentarse colectivamente a los chinos en este asunto”.