Polémica en Argentina: juez prohíbe al Ministerio de Seguridad intervenir en protestas de jubilados

En el marco de las marchas de jubilados que se realizan cada miércoles en Buenos Aires, Argentina, un juez de esa zona prohibió al Ministerio de Seguridad Nacional, cuya titular es Patricia Bullrich, intervenir en aquellas manifestaciones.

La situación ha generado una disputa de la cartera de Gobierno con la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), decidiendo el Ejecutivo ingresar una denuncia contra el magistrado, identificado como Roberto Andrés Gallardo.

Argentina: Juez ordena a Seguridad Nacional “abstenerse” de intervenir en protestas de jubilados

El dictamen judicial emitido el domingo por el juez Gallardo, miembro del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de CABA, ordena al Ministerio de Seguridad Nacional que se abstenga de intervenir en el operativo de seguridad de la protesta de jubilados a realizarse el miércoles.

Asimismo, instruyó a la Policía del distrito que esté al frente de la organización. Junto a esto, que coordine el operativo de seguridad durante la marcha, que se prevé será masiva tras la convocatoria de varios sindicatos a acompañar la protesta en la previa a la huelga general de trabajadores que inicia el jueves.

El magistrado ordenó que el Ministerio de Seguridad Nacional no intervenga en la protesta “más allá de los límites de protección de intereses federales”.

En el fallo, al que tuvo acceso EFE, el juez hace referencia a las movilizaciones previas en las que hubo varios heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, que continúa internado tras recibir un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza el pasado 12 de marzo.

“En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos. Es igualmente preocupante la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional, quien sin tapujo alguno avanza sobre la autonomía de la CABA so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”, consideró en su resolución de este domingo el juez Gallardo.

En aquella protesta las fuerzas de seguridad cargaron contra los manifestantes que se concentraron para pedir mejores condiciones para los jubilados del país trasandino. El fotógrafo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en su frente, que le provocó pérdida de masa encefálica.

Seguridad Nacional de Argentina denuncia a juez Gallardo

Por su parte, este lunes el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina presentó una denuncia contra el juez Roberto Gallardo por el dictamen emitido.

“El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia contra el Juez Roberto A. Gallardo por mal desempeño en sus funciones. A través de decisiones sin respaldo legal, ha sobrepasado los límites de su rol con una clara intención política, interfiriendo en tareas exclusivas del Poder Ejecutivo y obstaculizando la labor de las Fuerzas Federales en la protección de los ciudadanos”, anunció la cartera en un comunicado difundido a través de la red social X.

“La denuncia lo recusa por parcialidad y prejuzgamiento, apela la medida cautelar, se plantea la nulidad y se objeta su competencia para intervenir”, agrega la misiva.

Del mismo modo, la cartera del Gobierno argentino puso en tela de juicio la objetividad del magistrado Gallardo, acusándole de tener “una inclinación en favor de ciertos sectores”.

“Es fundamental recordar que la seguridad de los edificios nacionales y sus alrededores, así como la protección de la vida democrática, son responsabilidades exclusivas de las Fuerzas Federales”, sostiene el comunicado.

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— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) April 7, 2025

Cabe precisar que la decisión del magistrado respondió a una solicitud presentada por la central obrera más grande del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Dichas agrupaciones pidieron la intervención de la Justicia de Buenos Aires para que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.

Además, señalaron que el Gobierno porteño no adhirió al protocolo nacional de seguridad, y que cuenta con su propia fuerza, la Policía de la Ciudad, capacitada para actuar en estas situaciones.

La CGT anunció que, más allá de su acompañamiento a los jubilados en la protesta del miércoles, el jueves de 10 de abril realizará una huelga general en protesta contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

Se trata del tercer paro general que la central obrera convoca desde que Milei llegó a la Presidencia a finales de 2023.

En el operativo policial de a mediados de marzo, a cargo de Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad utilizaron escuadrones de infantería equipados con gas pimienta, escopetas con balas de goma y lanzagranadas. Esto dejó un saldo final de 46 heridos y 124 detenidos.

En las horas posteriores a la protesta, 114 de los detenidos fueron liberados por decisión de la jueza de la ciudad de Buenos Aires Karina Andrade. El Ministerio de Seguridad Nacional denunció a la magistrada días después en el fuero federal, acusándola de haber cometido “graves irregularidades” en la liberación de los detenidos.