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El gobierno de Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una facción disidente de la Segunda Marquetalia, volverán a la mesa de negociación en abril. La región del Catatumbo, al este del país, sigue en crisis tras más de dos meses de enfrentamientos entre grupos guerrilleros.

El gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció la reanudación de los diálogos de paz con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una facción disidente de la Segunda Marquetalia. Las conversaciones, programadas para el 10 de abril de 2025, buscan retomar el camino hacia la “paz total”, que fue propuesta por el mandatario colombiano desde que asumió el gobierno.

La decisión de retomar las negociaciones se produce en un contexto de creciente violencia en regiones como el Catatumbo, al noreste de Colombia, frontera con Venezuela. Allí, la presencia de grupos armados crearon una crisis humanitaria de gran magnitud desde comienzos de este año.

Las autoridades estiman que en la región del Catatumbo, las víctimas mortales ascienden a 86 y 57.000 desplazados, tras dos meses de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33, en medio de la disputa por el control territorial.

El proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), iniciado en 2016, logró la desmovilización de una parte significativa de sus combatientes; sin embargo, surgieron disidencias que continuaron con actividades armadas y delictivas. La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, surgido tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia, mantiene su accionar en diversas zonas del país, lo que dificulta la consolidación de una paz duradera.

La detención de uno de sus líderes, Andrés Rojas, alias ‘Araña’, que fue solicitado en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, llevó a la suspensión temporal de los diálogos, situación que ahora se busca revertir con la reanudación de las conversaciones.
“El 10 de abril del presente año se llevará a cabo el relanzamiento de la mesa de diálogos de paz para presentar los resultados y compromisos entre la delegación del Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional EB”, anunció en un documento publicado el 15 de marzo por la oficina del consejero comisionado para la Paz de Colombia.

La comunidad internacional, la Conferencia Episcopal colombiana e incluida la ONU, mostraron su respaldo a esta iniciativa. No obstante, el camino hacia la paz enfrenta múltiples retos, especialmente en áreas donde la presencia estatal es limitada y los grupos armados ejercen control territorial.

La amenaza de una “guerra total”

La intensificación de la violencia en Colombia genera preocupación sobre la posibilidad de una “guerra total” entre las fuerzas del Estado y los grupos armados por fuera de la ley. En el Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC provocaron desplazamientos masivos y una grave crisis humanitaria.

Los comandantes del ELN advirtieron que, si el Gobierno colombiano mantiene su estrategia militar en la región, la iniciativa de paz de Gustavo Petro podría derivar en un conflicto generalizado.

“Si siguen llegando más militares al territorio, lo más seguro es que la confrontación va a seguir, porque nosotros nos vamos a defender”, declaró uno de los comandantes del Frente de Guerra Nororiental del ELN, identificado como alias “Ricardo”, a la agencia AFP.
El Estado colombiano movilizó más de 10 mil efectivos militares en esta región, para enfrentar la creciente violencia.

En este contexto, el presidente colombiano señaló que algunas organizaciones de la sociedad civil en el Catatumbo están “permeadas por las armas”. Declaraciones que generaron controversia y preocupación entre defensores de derechos humanos.

Desde Amnistía Internacional, denunciaron que las palabras de Petro: “ponen en grave riesgo a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los defensores y defensoras de los derechos humanos, en una región que ha sufrido décadas de conflicto armado y en la que las acusaciones de colaborar con una u otra facción han costado muchas vidas”.

Abril, mes clave para retomar diálogos

El 10 de abril de 2025 se fijó como la fecha clave para el relanzamiento de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército Bolivariano. Este anuncio se realizó tras reuniones preliminares en febrero en Tumaco, departamento de Nariño, con la participación de representantes de Venezuela como país garante e intermediario, la misión de verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal.

El objetivo principal de estas conversaciones es establecer garantías que permitan restablecer la confianza entre las partes y avanzar en la transformación territorial de las zonas afectadas por el conflicto.

Sin embargo, el camino hacia un acuerdo definitivo no está exento de obstáculos. La presencia de otros grupos armados en las mismas zonas y la persistencia de negocios ilegales, como el narcotráfico, desafían la implementación de cualquier acuerdo.

Las delegaciones acordaron la creación de una subcomisión para identificar en Nariño y Putumayo, donde estas disidencias tienen presencia, las zonas donde se implementará un plan de transformación territorial. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer alternativas productivas legales a los campesinos, con el fin de sustituir los cultivos de coca.

Además, establecieron que la subcomisión trabajará en la elaboración de documentos que permitan la planificación, diseño e implementación de un cese al fuego bilateral, temporal y de alcance territorial, con el objetivo de lograr la reincorporación de los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a la vida civil.

A finales de 2024, el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano definieron una agenda de negociación centrada en cuatro ejes principales: transformación territorial, seguridad en los territorios y para las comunidades, garantías jurídicas para los integrantes de las estructuras guerrilleras y su participación en la vida política del país.