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La violencia extrema se apodera del norte de Perú, con Trujillo como epicentro de una escalada de atentados, extorsiones y asesinatos perpetrados por bandas criminales como Los Pulpos, desafiando al Estado y sumiendo a la población en un clima de terror. Un reciente atentado con explosivos contra la Fiscalía dejó dos heridos y causó daños en numerosas viviendas, mientras la presencia de más fuerzas de seguridad no logra contener la ola de violencia. La emergencia y militarización de la zona no han ofrecido soluciones efectivas, generando críticas hacia el gobierno de Dina Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En medio de un panorama incierto, se discute la implementación de una ley para tipificar el "terrorismo urbano", aunque esta medida es cuestionada por expertos y la población sigue viviendo con miedo ante la impunidad que impera en Trujillo, reflejando un escenario de guerra donde el crimen organizado desafía abiertamente al Estado.
Bandas criminales imponen el terror con una escalada de atentados, extorsiones y asesinatos. Trujillo es el epicentro de la violencia, donde organizaciones criminales desafían al Estado, mientras la población sigue viviendo con miedo y sin soluciones efectivas del gobierno.
La violencia extrema ha convertido al norte de Perú en un escenario de guerra. Atentados con explosivos, asesinatos por encargo y redes de extorsión mantienen a la población en un estado de terror constante.
Trujillo, capital de La Libertad, se ha transformado en el epicentro de esta crisis con el accionar de bandas criminales como Los Pulpos, cuyo poder parece desafiar al Estado. La reciente ola de atentados ha encendido las alarmas en todo el país, mientras las autoridades luchan por recuperar el control.
El atentado a la Fiscalía
El 20 de enero, un explosivo detonó en la sede del Ministerio Público de Trujillo y dejó dos heridos, además de daños en más de 40 viviendas. La explosión sacudió el centro de la ciudad y destruyó ventanas de la Universidad Nacional de Trujillo y el hospital de Essalud Albrecht.
Para muchos, este ataque no fue un hecho aislado, sino una “declaración de guerra” de las organizaciones criminales contra el Estado peruano.
Rubén Vargas Céspedes, especialista en crimen organizado, señaló que este atentado representa una nueva fase en la violencia urbana. “Lo que hemos visto en Trujillo es un punto de quiebre. El nivel de sofisticación [de este ataque] no guarda relación con los explosivos que los extorsionadores lanzan cotidianamente”, advirtió a este medio.
El impacto de la explosión fue tal que vecinos del sector San Nicolás salieron a las calles en plena madrugada, convencidos de que un terremoto había sacudido la ciudad. “Esto ya no es delincuencia común, esto es terrorismo”, dijo Karina Rodríguez, una residente, cuyo sobrino sufrió heridas en los oídos por la onda expansiva.
El dominio de Los Pulpos
La Libertad se ha convertido en una de las regiones más violentas del Perú. En solo siete años, su tasa de homicidios se triplicó, alcanzando 240 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2024, según un análisis de BioBioChile basado en datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
Las extorsiones han crecido al mismo ritmo que los homicidios. En 2018 se registraron 976 denuncias por este delito, mientras que en 2024 la cifra escaló a 5.067 casos. La banda Los Pulpos, que comenzó cobrando cupos a transportistas en los años 90, ahora tiene presencia en otras regiones del país e incluso en Chile y Argentina.
Jorge Nureña Plasencia, historiador y especialista en crimen organizado, explicó a OjoPúblico cómo estas pandillas evolucionaron hasta convertirse en poderosas mafias. “La Policía les ha dado varios golpes, pero aprenden de sus errores, se fortalecen y se diversifican en otros delitos, como el tráfico de terrenos o los secuestros”, detalló.
Nueva arma del crimen
La reciente escalada de violencia en Trujillo ha estado marcada por el uso de explosivos, muchos de ellos provenientes de la minería ilegal. La Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) ya confirmó que el ataque contra la Fiscalía fue ejecutado con dinamita amarilla, utilizada en excavaciones para extraer oro.
Solo en enero, Trujillo ya registró más de 20 atentados con explosivos. Tras el ataque a la Fiscalía, una ferretería fue blanco de un nuevo atentado en la urbanización El Bosque, destruyendo parte del local y afectando a viviendas cercanas. Además, un negocio en El Milagro sufrió daños cuando sus dueños se negaron a pagar 150.000 soles (más de 40 mil dólares) en extorsiones.
“Está bien peligroso todo Trujillo, no solamente acá. Han puesto una bomba y han destruido todo. Felizmente solo han sido daños materiales y no hubo muertos”, agregó Rodríguez.
Emergencia y militarización
Ante la crisis, el gobierno de Dina Boluarte desplegó 600 militares y más de 4.000 policías en Trujillo, en un intento por frenar la ola de atentados. Sin embargo, las acciones no han dado resultados visibles, incluso pese a su anuncio de desarticulación de 53 bandas criminales vinculadas a la extorsión y sicariato “en 25 días”.
“Nos sentimos indignados porque la delincuencia sigue operando con total impunidad. El estado de emergencia no funciona”, criticó Robert De La Cruz, consejero regional de La Libertad.
El excongresista Elías Rodríguez, integrante de Podemos Perú, fue más allá y responsabilizó directamente al Ejecutivo. “La Libertad se está convirtiendo en una región fallida en seguridad. Santiváñez ha servido nada más de operador político, debe dar un paso al costado”, declaró a RPP.
Ministro en la mira
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, viene siendo duramente criticado por su manejo de la crisis. Su situación empeoró cuando, en una entrevista con el dominical Panorama, confundió a un sereno de Lima con uno de los extorsionadores más peligrosos del país.
El afectado, Carlos Martín Lunavictoria Santillán, envió una carta notarial para exigir una rectificación pública. “Soy garante de la lucha contra la delincuencia, no la integro ni la promuevo bajo ningún concepto”, sostuvo en su misiva.
Los errores del ministro intensificaron los pedidos de su salida. “Debe cumplir su palabra. Recordemos que dijo que, si los estados de emergencia no daban resultados, renunciaría”, sentenció el congresista Roberto Chiabra, de la banca de Alianza para el Progreso (APP).
Un panorama incierto
Mientras el país enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, el gobierno peruano impulsa un proyecto para tipificar el “terrorismo urbano”. La iniciativa busca endurecer las penas para delitos como la extorsión y el sicariato, con el fin de establecer cadenas perpetuas en ciertos casos.
No obstante, la propuesta ha sido fuertemente cuestionada. En conversación con BioBioChile, el abogado penalista Mario Amoretti desestimó la medida: “Es un engaño. Estos delitos ya se sancionan con cadena perpetua desde hace una década. No necesitamos más leyes, sino que la Policía y la Fiscalía apliquen las que ya existen”.
El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, también criticó la iniciativa. “Antes de crear nuevas leyes, deberían enfocarse en hacer cumplir las actuales. Si fueran eficientes con el Código Penal, no necesitarían pensar en terrorismo urbano”, declaró.
Mientras las autoridades discuten la viabilidad de la Ley de terrorismo urbano, la población de Trujillo sigue viviendo con miedo. Los atentados con explosivos continúan, las bandas criminales como Los Pulpos operan con impunidad y la presencia de más fuerzas de seguridad no logran detener la escalada de violencia.
Las calles de Trujillo, alguna vez conocidas como la “ciudad de la eterna primavera”, hoy reflejan un escenario de guerra donde el crimen organizado desafía abiertamente al Estado.