A mediados de diciembre de 2024, un edificio en la calle Tarapacá, a solo pasos del palacio de La Moneda en Santiago de Chile, se convirtió en el epicentro de un operativo que dejó al descubierto la crudeza de la explotación sexual transnacional. Más de 30 mujeres, varias de ellas adolescentes, fueron liberadas de una célula del Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano que ha extendido sus tentáculos a lo largo de América Latina.
A miles de kilómetros al norte, en Lima, jóvenes venezolanas de entre 16 y 25 años viven un destino similar. Engañadas con falsas promesas de trabajo, fueron captadas por otra célula de esta misma red criminal que opera en los barrios periféricos de la capital peruana.
La conexión entre Lima y Santiago no es una coincidencia, sino parte de una red transnacional que utiliza las rutas migratorias de la región para traficar y explotar sexualmente a mujeres vulnerables, según pudo constatar BioBioChile.
Desde los barrios más humildes de Venezuela hasta las grandes capitales de Sudamérica, el Tren de Aragua ha perfeccionado un sistema de control que atrapa a sus víctimas con deudas impagables y las somete con amenazas constantes. Aunque los operativos policiales han logrado asestar duros golpes a esta organización, las cicatrices de su impacto continúan visibles tanto en Perú como en Chile.
Explotación sexual del Tren de Aragua: un modelo criminal de alcance regional
El Tren de Aragua perfeccionó un modelo criminal en el que la explotación sexual es una de sus actividades más lucrativas. A través de falsas promesas de empleo, redes de proxenetas y un sistema de amenazas, logran captar a mujeres jóvenes, muchas de ellas en extrema vulnerabilidad, y las convierten en esclavas sexuales.
En Santiago, la reciente desarticulación de una célula de esta banda reveló la crudeza de su funcionamiento. En dos operativos realizados hace menos de un mes, la Policía de Investigaciones (PDI) liberó decenas de mujeres, incluidas adolescentes, quienes eran trasladadas por taxistas y ofrecidas a través de páginas web. Las ganancias eran distribuidas con precisión: la mitad del dinero recaudado terminaba en cuentas controladas por la organización en Venezuela, mientras que el resto se dividía entre los proxenetas y el pago de las deudas impuestas a las víctimas.
Según el fiscal chileno Cristian Soto, este sistema está diseñado para mantener a las mujeres atrapadas sin salida. “Las deudas impuestas son exorbitantes y constantemente les exigen más servicios. Incluso, si no cumplían, las castigaban privándolas de comida o las golpeaban”, explicó tras una reciente audiencia judicial.
En Lima, el panorama es igual de desolador. A pesar de los importantes golpes asestados al Tren de Aragua en el Perú, todavía se observan en las calles a mujeres venezolanas obligadas a pagar cupos para poder prostituirse.
En palabras del abogado penalista Álvaro Peláez, quien conversó con BioBioChile, “estas redes criminales son estructuras bien organizadas, con jerarquías claras y capacidad para adaptarse. Su objetivo es maximizar las ganancias económicas, sin importar el costo humano”.
De la frontera a las grandes ciudades
Las rutas que conectan a Venezuela con el resto de América Latina son fundamentales para entender la expansión de este crimen. Desde puntos fronterizos como Cúcuta, en Colombia, hasta los barrios más concurridos de Lima o Santiago, el Tren de Aragua ha tejido un entramado logístico que facilita el tráfico de mujeres.
En su paso por Colombia, las víctimas suelen cruzar por trochas controladas por grupos armados. Muchas llegan endeudadas desde el primer momento, pues deben pagar a los “trocheros” que las trasladan ilegalmente. Una vez en territorio peruano o chileno, son engañadas con ofertas de empleo, para luego ser trasladadas a las “plazas” de la prostitución donde operan los proxenetas.
En Santiago, los sectores acomodados del oriente de la ciudad, como Vitacura y Las Condes, se han convertido en los principales destinos de estas mujeres. Allí, según las investigaciones de la PDI, los clientes pagaban hasta 100.000 pesos chilenos (aproximadamente 100 dólares) por los servicios sexuales, una cifra de la cual las víctimas apenas recibían una fracción.
Violencia, coerción y miedo
La violencia es el pilar central del control que el Tren de Aragua ejerce sobre sus víctimas. En octubre de 2024, en Santiago, el cuerpo calcinado de un joven venezolano de 21 años apareció en una maleta. Las investigaciones revelaron que había sido asesinado con 15 disparos tras incumplir las normas de la organización al involucrarse sentimentalmente con una de las mujeres explotadas.
La líder comunitaria Ángela Villón, quien dirige una asociación en Lima que lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, describió cómo estas mujeres son sometidas. “He visto casos de chicas muy jóvenes, algunas enfermas y otras consumiendo drogas para soportar el horror diario. Ellos solo las ven como una mercancía. Mientras puedan trabajar, las explotan sin piedad”, afirmó a BioBioChile.
La intimidación también alcanza a quienes investigan estos crímenes. Tras una audiencia en Chile, dos familiares de un detenido fueron sorprendidos fotografiando al fiscal Soto, lo que generó preocupación por posibles represalias.
El declive en Perú y el auge en Chile
En el Perú, los esfuerzos de la Policía Nacional han logrado frenar significativamente la expansión del Tren de Aragua. Operativos constantes, como la captura de líderes como Héctor Prieto Materano, alias ‘Mamut’, han reducido su capacidad operativa en el país. Sin embargo, las huellas de su actividad todavía son visibles.
Zonas como Risso, en el distrito de Lince, o los alrededores de Plaza Norte, en Independencia, muestran la presencia de trabajadoras sexuales venezolanas, muchas de ellas controladas por estas mafias. “A pesar de los golpes que hemos dado, estas bandas tienden a rearticularse bajo nuevos liderazgos”, señaló el general Óscar Arriola, jefe de Estado Mayor de la PNP.
En Chile, en cambio, la organización parece haber encontrado un terreno fértil. Según datos de la PDI, más de 30 mujeres eran explotadas sexualmente por una célula del Tren de Aragua en Santiago. Las víctimas, muchas de ellas adolescentes, eran trasladadas a sectores exclusivos de la ciudad, donde sus servicios eran ofrecidos a través de aplicaciones de mensajería.
Un negocio multimillonario
La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las economías ilícitas más rentables de la región. Según estimaciones de la organización peruana CHS Alternativo, este delito genera más de 600 millones de dólares al año en el Perú.
En Chile, el impacto financiero de estas actividades también es evidente. Durante los operativos recientes, las autoridades incautaron grandes sumas de dinero, teléfonos móviles y registros que documentaban los pagos enviados a Venezuela.
Sin embargo, las víctimas, atrapadas en una red de coerción y deudas impagables, rara vez ven una parte significativa de estas ganancias. Una mujer rescatada en Santiago contó cómo las obligaban a enviar remesas directamente a cuentas controladas por la organización. “Nos decían que, si no enviábamos el dinero, nos iban a matar o a nuestros familiares en Venezuela”, relató a las autoridades chilenas.
Las cicatrices de esta red transnacional aún están presentes en cada mujer rescatada y en los espacios que antes controlaban. Entre amenazas, deudas y violencia, el Tren de Aragua sigue siendo un ejemplo de cómo el crimen organizado encuentra nuevas formas de operar, incluso frente a los esfuerzos conjuntos de las autoridades policiales en Sudamérica.