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Claudia Viviana Vera Castro, una mujer de 42 años, acumulaba dos décadas de violencia psicológica y física por parte de su esposo de 52 años en Tunuyán, Argentina. Tras una vida marcada por abusos y maltratos, el 26 de junio de 2014, en medio de una discusión, ella le clavó un cuchillo en el corazón. Arrestada y procesada por homicidio, Claudia fue finalmente sobreseída diez años después por la Justicia de Mendoza. Su abogada argumentó que actuó en legítima defensa, amparada en convenciones internacionales contra la violencia de género. Tras años de batalla legal, el Tribunal dictó su inocencia, enviando un mensaje de justicia y esperanza en un sistema que reconoció su situación de víctima.

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“Que quede claro que actuó dentro del marco de la ley y no cometió delito alguno”, dictaminó la Justicia sobre Claudia Vera (53), una mujer argentina que fue investigada durante una década por el crimen de su esposo. Llegó a estar tras las rejas y terminó sobreseída.

Como cada noche, Claudia Viviana Vera Castro (42) se puso la ropa para acostarse. Su marido y padre de uno de sus hijos, Miguel Fernando Aloise (52), le había reclamado la comida fría, apenas llegó a la casa. Una escena más en las dos décadas de violencia psicológica y física que esta mujer acumulaba en su cuerpo. En el escenario más leve, él la presionaba para que dejara los estudios o la castigaba con el frío, dejándola fuera de la casa, en la zona rural de Tunuyán, al oeste de Argentina. En el peor, la molía a cachetadas y piñas (golpes de puño) cuando faltaba plata para atender a la familia.

El hombre pesaba 130 kilos, consumía alcohol y practicaba boxeo. Después de pegarle, la abrazaba. Y ella, que ya lo había denunciado unas seis veces, aún creía que él podía cambiar.

La madrugada del 26 de junio de 2014, ambos volvieron a discutir. Y como en otras peleas, sus hijos escucharon los gritos. Sin embargo, cuando fueron al cuarto matrimonial, ya no hizo falta que les pidieran calma a sus padres.

“Yo quería defenderme porque vi la cara de él, pensé que me quería matar, saqué el cuchillo y se lo clavé. No quería que le saliera sangre”, relató Claudia. Había empuñado un arma blanca guardada bajo la manga de su chaqueta, así que cuando su esposo se le abalanzó, le dio una puñalada en el corazón. Ante la Justicia, la mujer dijo que siempre trató de “ser lo mejor para él y para sus hijos”. De todos modos, la Policía la llevó a una comisaría, donde se enteró por la radio que su marido había fallecido.

Durante los diez años siguientes, Claudia Vera fue investigada por el crimen de Miguel Aloise hasta que, en las últimas horas del 2024, logró ser sobreseída por la Justicia de Mendoza ante la inexistencia de delito.

Su causa había tomado forma bajo un antiguo marco normativo procesal, quedando caratulada como “homicidio calificado por el vínculo en circunstancias extraordinarias de atenuación”. Si bien la imputada evitaba la pena perpetua al contemplarse la violencia sufrida en su vida matrimonial, estaba igualmente expuesta a cumplir una estadía de entre ocho y 25 años en prisión.

Horas después del crimen del 26 de junio de 2014, y mientras encabezaba los titulares de los diarios del país vecino, Claudia fue privada de su libertad e incomunicada. Le negaron inicialmente la excarcelación y la detención domiciliaria. La encerraron en la Alcaldía de Tunuyán, la trasladaron al pabellón psiquiátrico del hospital El Sauce y la alojaron luego en la cárcel de mujeres de El Borbollón. Sus familiares, vecinos, compañeros de estudio, docentes y hasta artistas locales protagonizaron marchas solidarias e intervenciones públicas exigiendo la libertad.

En paralelo, la abogada defensora de la detenida, Carolina Jacky, presentó una apelación al juez de instrucción Oscar Balmes para que la carátula fuera modificada a “defensa propia”, considerando la situación de violencia a la que Claudia era sistemáticamente sometida por su marido. Sostuvo, además, que el magistrado no aplicó las normas procesales de la Ley 26.485, que en Argentina garantiza el derecho de la mujer a vivir una vida sin violencia y es superior al Código Procesal Penal de Mendoza.

En diálogo con BioBioChile, Jacky destacó que Chile y Argentina firmaron dos importantes tratados para erradicar y juzgar la violencia machista: la CEDAW de Naciones Unidas y la Convención Belém do Pará de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Ambos países se comprometieron a respetarlas. Toda la defensa de esta causa se trabajó sobre estas dos convenciones internacionales”, señaló la abogada.

En Chile, sin ir más lejos, el presidente Gabriel Boric le concedió días atrás el indulto a Katty Hurtado, quien estaba condenada a 20 años de prisión por la muerte de su expareja, Richard Aravena. El recordado incidente ocurrió en un contexto de defensa propia de la mujer, tras una agresión sexual y hechos de violencia física prolongados en el tiempo.

“Diez años para dar respuesta a una persona inocente”

Cuando Claudia Vera estuvo en la cárcel eran otros tiempos, algunos años antes de que la marea de #NiUnaMenos inundara las calles con sus pancartas, reclamos y concientización sobre la violencia de género, que durante décadas supo nombrarse como “violencia doméstica”.

La mujer recibió la excarcelación en noviembre de 2014, tras casi seis meses presa. En mayo de 2015, la causa fue elevada a juicio. No obstante, fue apenas la fecha para iniciar otra larga batalla judicial.

El entonces juez de instrucción afirmó que el homicidio de Miguel Aloise era agravado por el vínculo, por lo que la imputada debía pagar con la máxima pena. La estrategia de la defensa de Claudia estiró los tiempos, mientras los jueces y fiscales fueron cambiando (en su mayoría, jubilados).

“Acá hubo entretelones de por qué tanto tiempo, de esos diez años, para dar respuesta a una persona inocente”, aclaró la abogada Carolina Jacky.

“Elevaron a juicio con una imputación por homicidio, donde el juez de instrucción entendía que era agravado por el vínculo con cadena perpetua y el fiscal en ese momento, con otro sistema acusatorio, agregaba un atenuante de 8 a 25 años de prisión. Había una expectativa en ese entonces de jueces no tan de acuerdo con la violencia de género. Hubo que hacer tiempo y esperar como estrategia. Más allá de no tener respuesta, aprovechar las demoras de los tribunales. Se cambiaron la Cámara y el fiscal en la parte final (ingresó Alejandro Iturbide) y se tomaron en cuenta todos los aspectos”, amplió la letrada.

Finalmente, en octubre de 2024, el juez Mauro Perassi retomó el postergado expediente y convocó a las partes para resolverlo el 18 de diciembre último. A partir de un análisis con perspectiva de género, el fiscal Iturbide, en coincidencia con la defensa, solicitó el sobreseimiento de la imputada Claudia Vera por entender que no se podía mantener la acusación, al no existir delito y enmarcarse en la legítima defensa prevista en el artículo 34, inciso 6, del Código Penal.

El lunes pasado, a horas de concluir el año, el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de Mendoza dictó el sobreseimiento de Claudia Vera, ahora de 53 años y desligada de toda leyenda que la defina como victimaria y no víctima.

Para Jacky, el fallo “es un anuncio de esperanza en la Justicia, de que hay que confiar”.

“Me gratifica enormemente cerrar el año con este reconocimiento del Tribunal Penal Colegiado, antes llamado Cámara del Crimen, que reconozca el trabajo de tantos años. Me emocionó y no tengo palabras para agradecer a la Justicia”, expresó la abogada.

Es que el juez Perassi no escatimó al describir la trascendencia de declarar inocente a la mujer: “Espero que la presente resolución no sólo ponga fin, desde el punto de vista formal, al sometimiento a proceso de Claudia Vera Castro, sino que también resulte, desde el punto de vista comunicativo, un mensaje para ella, donde quede claro que actuó dentro del marco de la ley y no cometió delito alguno”.