El juez federal argentino Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo por su posible responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
La información sobre esta orden fue confirmada durante este lunes por el abogado trasandino Darío Richarte.
“Luego de casi dos años y medio de investigación el juez acaba de resolver la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de alrededor de una docena de otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos”, manifestó en su cuenta en X.
“¡Un poco de luz entre tanta oscuridad! Un poco de justicia para tantas víctimas”, agregó el jurista.
Hace dos años, Richarte, profesor de Derecho Penal Internacional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, inició una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua a propuesta de un grupo de estudiantes de su cátedra en la Universidad de Buenos Aires.
“Es algo que no tenía previsto, lo hicimos probono, y lo seguimos haciendo de esta manera, es realmente emocionante la ayuda de docentes, de estudiantes de la universidad, que se han comprometido con esto”, indicó.
“Cuando empezábamos sabíamos poco y ya era suficiente. Y después, créame que a lo largo de estos dos años no perdemos la capacidad de asombro y horror de lo que está haciendo esta dictadura en Nicaragua”, puntualizó.
ONG denunció casos de tortura
Al menos 229 personas fueron víctimas de torturas tras ser detenidos en Nicaragua desde las protestas contra el gobierno de Ortega en 2018, afirmó el 10 de diciembre la ONG defensora de derechos humanos Colectivo Nicaragua Nunca Más.
“Se han sistematizado 229 testimonios de personas sobrevivientes de tortura”, señaló el informe de la ONG, que trabaja desde el exilio en Costa Rica.
Se identificaron “más de 40 formas o métodos de torturas perpetrados en Nicaragua”, como golpizas, asfixia, descargas eléctricas, quemaduras, simulación de ejecución o desprendimiento de uñas o piezas dentales, entre otras. Las víctimas son 46 mujeres y 183 hombres.
“Con el inicio de las protestas en 2018 se estableció la práctica de detenciones arbitrarias con la intencionalidad de transmitir un mensaje de terror y de control a la población”, afirmó el informe.
El gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ha endurecido la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron en tres meses más de 300 muertos según la ONU y que Managua consideró un “fallido golpe de Estado” propiciado por Washington.
El Colectivo resaltó la “sistematicidad” en los “ataques” a disidentes y opositores con actos considerados crímenes de lesa humanidad, como asesinato, desaparición forzada, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier tipo de violencia sexual.
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