El gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), dispuso un nuevo régimen de transparencia fiscal para que se visualicen los impuestos de manera separada en los tickets de cada compra. En un país como Argentina, donde un ciudadano puede pagar hasta 50 tributos al año por consumos cotidianos, la intención es concientizar acerca de la carga impositiva en cada gasto.
Aunque es una propuesta de la ONG “Lógica”, la medida de la administración libertaria emula lo que sucede en Brasil o Estados Unidos.
Es común en ciudades como Nueva York pagar por un café o una hamburguesa y que los impuestos (tax) figuren destacados en la boleta de compra, incluso con el porcentaje de aplicación sobre la tarifa.
En Argentina, desde el 1° de enero de 2025 -cuando empiece a regir la medida- se pondrán al pie de la factura los tributos que están incluidos en el monto total que se paga. Inicialmente, el Impuesto al Valor Agregado (IVA, equivalente al 21%) y los impuestos internos que correspondan según rubro y categoría.
A pesar de las promesas de Milei para reducirla, la enorme carga impositiva continúa e impacta en un encarecimiento de la actividad productiva, los bienes y los servicios básicos del país vecino.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la compra de alimentos y bebidas sin alcohol está alcanzada por el cobro por parte de los distintos niveles estatales de, como mínimo, cuatro impuestos. Servicios públicos como la electricidad y el gas tienen siete impuestos agregados, mientras que la telefonía móvil suma nueve.
Con impuestos: cómo serán las boletas de compra en Argentina desde 2025
El “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”, que estaba incluido en la Ley Bases, piedra angular para las desregulaciones y el ajuste fiscal de Milei en su primer año de gestión, comenzará a ser una realidad desde el 1° de enero tras publicarse en el Boletín Oficial la Resolución General N° 5614/2024.
En una primera etapa de aplicación, la ARCA obligará a las grandes empresas a detallar en sus facturas el IVA y otros impuestos internos, lo que permitirá a los consumidores trasandinos conocer exactamente cuánto de su gasto se destina al Estado nacional.
Se espera que otros contribuyentes de medianos y pequeños ingresos adhieran voluntariamente también desde el mes que viene. Recién será obligatorio para todos desde abril, es decir, hay un plazo de adecuación para los sistemas.
Para un segundo tramo de implementación, la normativa llama a las provincias del país vecino a plegarse al régimen, especialmente, para que se exhiban las tan cuestionadas tasas municipales.
Para hacerse de fondos, intendentes de la provincia de Buenos Aires, como los peronistas Gustavo Menéndez (Merlo), Federico Achával (Pilar) y Mayra Mendoza (Quilmes), cobran entre 2 y 2,5% de recargo a los conductores que cargan combustible en las estaciones de servicio.
Para tomar dimensión de la presión impositiva, los municipios gozan de ingresos por impuestos en inmuebles, luz y gas, mientras que las provincias “beben” del impuesto al cheque, por ejemplo.
“El saber los tributos que soportamos nos empoderará para involucrarnos y exigir impuestos y gastos públicos lógicos, también a exigir servicios acordes del Estado. Y los políticos sabrán que los tributos excesivos que sancionen irán al ticket. Este saber le dará poder al ciudadano y así el votante decidirá en la oferta electoral”, dijo Matías Olivero Vila, presidente de la asociación civil Lógica, sobre los cambios que se vienen a corto plazo.