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La Fiscalía de Perú investiga a Jorge Torres Saravia, exjefe legal del Congreso, por su presunta participación en una red de prostitución y el asesinato de su socia, la abogada Andrea Vidal. Según informes, Saravia reclutaba prostitutas para infiltrarlas en el Parlamento, mientras que Vidal las acomodaba como secretarias o asesoras. Se cree que esta trama se gestó para influir en los votos de los parlamentarios. La colaboración entre Saravia y Vidal se vino abajo tras una pelea, culminando en un tiroteo que acabó con la vida del conductor y, finalmente, con la de Vidal siete días después. Saravia, quien previamente admitió un delito de violencia sexual, fue contratado en el Congreso en 2020 por Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso. La comisión de Fiscalización del Congreso se reunirá para abordar este escándalo, citando a declarar a Saravia y a Valdez.

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La Fiscalía de Perú comenzó una investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, quien ejercía como jefe de la oficina legal del Congreso, por estar detrás tanto de una supuesta red de prostitución dentro del Parlamento como del asesinato de quien era su socia, la abogada Andrea Vidal, muerta este martes.

Ambos lideraban una trama en la que Saravia se encargaba de encontrar prostitutas y Vidal de acomodarlas dentro del Congreso haciéndolas pasar por secretarias o asesoras, según un reportaje de la cadena de televisión Willax.

El presidente de la Comisión de la Fiscalización del Congreso, el diputado Juan Burgos, sostiene que la presunta trama estaba motivada para conseguir el voto de los parlamentarios en los distintos temas a debatir, por lo que se descarta el dinero como móvil de todo este asunto, recoge la prensa peruana.

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La colaboración de Saravia y Vidal se iría al traste hace unas semanas cuando ambos se pelearon. El 9 de diciembre, el coche en el que viajaba ella era tiroteado por un grupo de sicarios en el distrito La Victoria, en Lima. El conductor murió en el acto, mientras que ella murió el martes tras siete días de agonía.

Saravia, abogado de profesión, llegó al Congreso en 2020 de la mano de Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso, uno de los partidos que sostiene a la cuestionada presidenta Dina Boluarte. En su pasado consta un delito de violencia sexual, que él mismo reconoció, pero que no fue juzgado.

Por su parte, Burgos ha adelantado que la comisión que preside se reunirá de urgencia este viernes para analizar toda esta situación y se citará a declarar a tanto a Saravia, cuyo paradero se desconoce, como a Valdez, debido a su cercanía.

La contratación de Saravia, ha explicado, data de “la época del señor Valdez”, que “lo llevó como asesor principal cuando ya tenía una denuncia por violación en la Fiscalía en Pacasmayo”, protegiéndole y “llevándolo al Congreso”.