El Teatro Colón de Bogotá fue escenario de la conmemoración del octavo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la entonces guerrilla de las FARC, el 25 de noviembre.
El pacto fue destacado como un “hito en la historia de los conflictos armados en el mundo” por canciller Luis Gilberto Murillo. El acto coincidió con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que subrayó la atención a las víctimas de violencia sexual durante décadas de conflicto armado en el país.
El acto de conmemoración realizado el lunes 25 de noviembre, tuvo lugar en el mismo escenario donde se selló el histórico acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016. Allí, el actual ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, recordó que el pacto tuvo como eje central a las víctimas del conflicto, en especial a las mujeres afectadas por crímenes de guerra.
“Hablamos de uno de los crímenes más condenables y repudiables, como es la violencia sexual contra las mujeres”, expresó Cristo, resaltando que este enfoque humanitario tiene un valor único en el contexto colombiano.
En esa línea, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo destacó que el acuerdo de paz fue pionero en reconocer la violencia sexual como un delito de lesa humanidad que no admite amnistías ni indultos, lo que, afirmó, lo convierte en un referente internacional. “La paz solo es posible con la participación activa de las mujeres en todas sus diversidades”, enfatizó.
Por su parte, Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), destacó la labor de este tribunal en esclarecer la verdad sobre el conflicto armado. “La JEP ha logrado derrotar el negacionismo y ha permitido conocer una verdad que jamás se hubiera conocido”, afirmó.
Un repaso por los puntos de paz del acuerdo
El pacto firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) marcó un antes y un después en la historia del país.
La creación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese al fuego, con participación del Gobierno, las FARC y observadores internacionales de la ONU, culminó con la entrega de 8.994 armas operativas por parte de la guerrilla, según cifras oficiales citadas por la prensa local. Este mecanismo se destacó por incluir a 187 mujeres observadoras, el mayor número en procesos de este tipo a nivel global.
Parte del armamento se utilizó en obras artísticas que simbolizan la transformación del conflicto: el monumento Fragmentos de Doris Salcedo en Bogotá y Kusikawsay de Mario Opazo, exhibido en la sede de la ONU en Nueva York.
El proceso de paz también logró la reincorporación de 13.829 excombatientes, de los cuales el 25% son mujeres. El 80% de los que firmaron empezaron a participar en proyectos productivos que han beneficiado no solo a los excombatientes, sino también a comunidades cercanas. Iniciativas como Arando la Educación han impactado a 16.705 personas, incluidas 13.145 de comunidades aledañas.
Pese a los desafíos de seguridad que aún encara el país, con 436 firmantes asesinados, los esfuerzos del Gobierno han logrado una reducción del 44% en estos casos en 2024 respecto al año anterior, según cifras oficiales.
Otro de los hitos de este acuerdo, ocurrió en 2017, cuando las extintas FARC se transformaron en el partido político Comunes, y desde 2018 tienen representación en el Congreso con escaños en la Cámara y en el Senado.
Además, se crearon 16 circunscripciones especiales de paz para garantizar una mayor participación de las víctimas y los territorios afectados por el conflicto.
Por otro lado, el acuerdo incluyó 128 medidas específicas de género gracias a la labor de la Subcomisión de Género y se establecieron 54 indicadores para monitorear el avance en la inclusión de las mujeres y su participación en la construcción de paz.
El capítulo étnico del acuerdo también fue importante, porque destacó los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes, afectados desproporcionadamente por el conflicto.
Avances como la formalización de tierras y la incorporación de perspectivas étnicas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial fueron significativos, aunque este capítulo sigue rezagado en comparación con otros puntos del acuerdo.
Entre los hitos de este pacto se destacan el Sistema Integral para la Paz y la Reforma Rural Integral.
El primero está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), ha logrado importantes avances.
La JEP investiga 11 macrocasos y ha incorporado a más de 14.000 personas en sus procesos, mientras que la Comisión de la Verdad presentó un informe histórico con recomendaciones para evitar la repetición del conflicto.
El último hito fue establecido para abordar la desigualdad en el acceso a la tierra, considerada una de las principales causas del conflicto. Hasta julio de 2024, se han formalizado 2,95 millones de hectáreas, representando un 42% de la meta de 7 millones establecida en el acuerdo.
Los retos para los nuevos procesos de negociación
A ocho años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, Colombia se sigue enfrentando a desafíos en su camino hacia una paz duradera. Durante la conmemoración de este aniversario en el Teatro Colón, Rodrigo Londoño, excomandante del extinto grupo armado, advirtió que la implementación plena del acuerdo de 2016 es fundamental para garantizar el éxito de otros procesos con actores armados.
“Si no se implementa este acuerdo, cuente con que no habrá oportunidad para acordar otros”, apuntó dirigiéndose al presidente Gustavo Petro.
Pese a la desmovilización de las FARC, la violencia y los desplazamientos forzados persisten.
Desde 2016, más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas en Colombia, impulsadas por amenazas, enfrentamientos armados, despojo de tierras y minas antipersonales, según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).
“Si el desplazamiento fuera un termómetro de la paz, la salud de Colombia estaría fallando”, afirmó Giovanni Rizzo, director de NRC en el país.
Entre las víctimas de este fenómeno se encuentra Luisa Fernanda Montaño, quien ha sido desplazada dos veces de su tierra en el Magdalena Medio, reportó la agencia de noticias AP.
A pesar de las amenazas, Montaño se unió al partido Comunes, formado por excombatientes de las FARC, y continúa luchando por la restitución de tierras a los campesinos.
Sin embargo, mientras Colombia intenta consolidar los avances del acuerdo de 2016, los conflictos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen siendo un obstáculo.
Tras el fin de un cese al fuego bilateral en agosto, el ELN ha intensificado sus ataques contra fuerzas estatales. El lunes 25 de noviembre, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, exhortó a esta guerrilla a abandonar la violencia y tomar una decisión definitiva hacia la paz.
“El problema para hacer la paz con el ELN no es del Estado, sino del ELN”, afirmó Cristo, señalando la falta de voluntad política del grupo armado para dejar las armas. Las delegaciones del Gobierno y el ELN anunciaron un nuevo encuentro en enero de 2025, como parte de una “nueva etapa” en las negociaciones tras meses de tensiones.
Una controvertida solicitud de indulto generó críticas al Gobierno colombiano
La petición del Gobierno colombiano al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para otorgar un indulto a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’, ha desatado críticas y debates en el país.
El exjefe guerrillero, uno de los líderes más conocidos de la antigua guerrilla de las FARC, se encuentra actualmente preso en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, tras ser extraditado en 2004 por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses.
Además de su condena en Estados Unidos, enfrenta procesos judiciales en Colombia por delitos como terrorismo, homicidio, desaparición forzada y narcotráfico.
El 12 de noviembre, la embajada de Colombia en Washington envió una nota diplomática en la que pedía a la Administración Biden un perdón presidencial para Trinidad, argumentando razones humanitarias y su posible contribución a los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz.
“En un espíritu humanitario y con el propósito de contribuir a la agenda de paz de Colombia, se presentó una solicitud de perdón presidencial para el señor Palmera”, señaló la embajada en un comunicado oficial.
La propuesta generó una fuerte reacción de figuras políticas en Colombia. Margarita Cabello, procuradora general, aseguró que Trinidad podría contribuir a los procesos de justicia transicional desde su lugar de detención en Estados Unidos, sin necesidad de un indulto.
Desde el partido opositor Centro Democrático, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia calificó la solicitud como una estrategia del Gobierno para beneficiar a criminales. “Primero la liberación de paramilitares; ahora parece que también se pretende la de Simón Trinidad. Los colombianos no queremos a los criminales en la calle, sino en la cárcel”, afirmó Valencia.
Katherine Miranda, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, también cuestionó públicamente cómo la liberación de Trinidad podría contribuir a la estabilidad de la región.
No obstante, algunos respaldaron la solicitud, como el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Tovar expresó que tanto su padre como Simón Trinidad tienen un papel importante que jugar en el proceso de reconciliación del país.
“Ojalá algún día los podamos ver recorrer juntos nuestro departamento, contando la verdad, pidiendo perdón y hablándole a las nuevas generaciones. Empuñar un fusil nunca puede volver a ser una opción válida para nadie”, declaró, añadiendo que esperaba que Estados Unidos comprendiera el valor de esta medida para la construcción de paz.
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