La Corte Suprema de Brasil remitió este martes a la Fiscalía General el informe que acusa al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas de haber conspirado en 2022 con el fin de impedir la investidura del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.
El documento resume la investigación que realizó la Policía Federal durante casi dos años y que examinará la Fiscalía, que decidirá si contiene indicios suficientes como para denunciar al líder de la ultraderecha y al resto de los implicados ante la propia Corte Suprema.
En la misma decisión se levantó el secreto sumarial, por lo que el texto deberá publicarse este mismo martes.
La Policía ha formulado cargos contra los 37 acusados por los presuntos delitos de “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “golpe de Estado” y “asociación ilícita”, que en conjunto pueden suponer hasta 30 años de prisión.
La Fiscalía tiene 15 días de plazo para formular una querella a partir del momento que reciba la denuncia, pero esos tiempos pueden alargarse si solicita más informaciones sobre el asunto.
El intento de golpe de Estado tras triunfo de Lula frente a Bolsonaro
El caso se origina en el turbulento proceso político desatado en Brasil tras las elecciones de octubre de 2022, en las que Lula se impuso a Bolsonaro, entonces en el poder, por un ajustado margen de menos de 2 puntos porcentuales.
Tras las elecciones hubo bloqueos de carreteras por parte de camioneros, campamentos de bolsonaristas frente a cuarteles pidiendo una “intervención militar” y graves disturbios en Brasilia, que incluyeron un intento de atentado con explosivos cerca del aeropuerto de la capital brasileña.
En ese período, también se sospecha que se tramó un plan para impedir la investidura de Lula, que finalmente ocurrió el 1 de enero de 2023, dos días después de que Bolsonaro, aún sin reconocer su derrota, viajó a Estados Unidos, donde permaneció tres meses.
Los planes para el golpe de Estado
Esa trama, según la investigación, planteaba una intervención de la justicia electoral, la anulación de los comicios y la instalación de un “comité militar”, que mantendría a Bolsonaro en el poder.
También se investiga un posible plan para asesinar a Lula, a su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y al magistrado Alexandre de Moraes.
Según la Policía Federal, toda esa trama habría desembocado en los sucesos del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de activistas de ultraderecha asaltaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia, con la intención de incitar a los militares a un golpe de Estado.
Además de Bolsonaro, entre los acusados figura Walter Braga Netto, general de la reserva y antiguo ministro de la Presidencia y de Defensa, que fue candidato a vicepresidente en 2022.
También están Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes formaron parte del gabinete de Bolsonaro, quien ha negado todas las acusaciones y se ha dicho víctima de una “persecución política”.
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