La semana pasada la Policía Federal de Brasil presentó un extenso informe en el que acusa de intento golpista, asociación ilícita y abolición violenta del Estado democrático a 37 personas, incluido el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), algunos de sus exministros y militares.
Las acusaciones son resultado de una investigación que comenzó hace casi dos años y está centrada en el convulsionado período en que se sumergió el país tras las elecciones de octubre de 2022, en las que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva derrotó al entonces presidente Bolsonaro, quien no reconoció el resultado de las urnas.
La trama golpista habría estado destinada a impedir la toma de posesión de Lula el 1 de enero de 2023, intervenir la justicia electoral y mantener a Bolsonaro en el poder.
Liderados por Bolsonaro: la lista de los diez más influyentes implicados en la trama golpista:
–Jair Bolsonaro: Capitán de la reserva del Ejército y líder de la ultraderecha. Presidió el país entre 2019 y 2022, y mantuvo un duro pulso con las instituciones, sobre todo con la Justicia electoral, a la que intentó desacreditar durante toda la campaña para las elecciones ganadas por Lula, cuya victoria no reconoció.
-Walter Braga Netto: General de la reserva del Ejército. Fue ministro de la Presidencia y de Defensa, y para las elecciones de 2022 integró, como candidato a vicepresidente, la fórmula “militar” encabezada por Bolsonaro.
–Augusto Heleno: General de la reserva del Ejército. Al igual que Bolsonaro, un nostálgico defensor de la última dictadura (1964-1985) y que fue ministro de Seguridad de la Presidencia.
–Paulo Sérgio Nogueira: Otro general de la reserva del Ejército. Se desempeñó como ministro de Defensa con Bolsonaro.
–Almir Garnier Santos: Almirante y excomandante de la Marina. En los días en que se tramaba el golpe, le habría dicho a Bolsonaro que su “tropa” estaba “lista” para impedir que Lula asumiera el poder el 1 de enero de 2023.
–Mauro Cid: Teniente coronel y antiguo edecán del líder de la ultraderecha. Auxilió a Bolsonaro y algunos de sus allegados en fraudes con certificados de vacuna anticovid y en otros asuntos ilícitos que están bajo investigación. Firmó un acuerdo de cooperación judicial que ha sido clave en este caso de presunta conjura golpista.
–Filipe Martins: Exasesor de Asuntos Internacionales de Bolsonaro. Era considerado el nexo entre los radicales brasileños y grupos de la ultraderecha estadounidense liderados por Steve Bannon, antiguo colaborador del ahora presidente electo Donald Trump.
–Valdemar Costa Neto: Actual presidente del Partido Liberal (PL), al que Bolsonaro se afilió para intentar su reelección en 2022.
Un camaleón de la política, estuvo en la base de apoyo a Lula en sus primeros dos mandatos y en los últimos años se alió a la extrema derecha. En 2012, fue condenado a siete años de cárcel por un escándalo sobornos parlamentarios y pasó un año en prisión.
–Tércio Arnaud Tomaz: Activista de la extrema derecha en internet, está vinculado a Bolsonaro desde hace más una década. Fue uno de los responsables de las redes sociales del expresidente en los dos primeros años de su mandato.
–Paulo Renato de Oliveira Figueiredo: Otro activista de redes, es nieto del general João Baptista de Oliveira Figueiredo, uno de los militares que presidió el país durante la última dictadura (1964-1985).
El plan golpista de los implicados, encabezado por Bolsonaro
En concreto, la Policía brasileña concluyó que existió una trama “coordinada” que buscó “mantener en el poder” al líder ultraderechista Jair Bolsonaro, pese a perder los comicios de 2022 ante Lula.
Bolsonaro, sobre quien ya pesan medidas cautelares, entre ellas la retención de su pasaporte, habría participado en la conspiración golpista, al igual que antiguos ministros y altos cargos de las Fuerzas Armadas, según la institución policial.
Un actor clave es el antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, quien firmó un acuerdo de colaboración judicial.
Durante las diligencias, se encontraron borradores de decretos para declarar un “estado de sitio”, anular el resultado de los comicios e intervenir la Justicia Electoral.
Uno fue encontrado en la casa de Anderson Torres y otro en un despacho de Bolsonaro en la sede del PL, en Brasilia. Diversos testimonios también acusaron al capitán retirado del Ejército de revisar y modificar el documento que consumaría el golpe.
Las sospechas también se basan en llamadas, mensajes y movimientos bancarios de los investigados.
Bolsonaro negó las acusaciones, que atribuyó a la “creatividad” del juez Alexandre de Moraes, instructor del caso.
“De Moraes conduce toda la investigación, ajusta los testimonios, arresta sin denuncia, lanza redes para pescar posibles pruebas y tiene una asesoría bastante creativa”, dijo en sus redes sociales.
En paralelo a la conspiración en los despachos, también se buscó forzar el golpe en la calle.
Un plan para asesinar a Lula
El pasado 19 de noviembre, la Policía Federal de Brasil detuvo en Río de Janeiro a cuatro militares y a un policía acusados de idear un plan para el magnicidio de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin, y el propio De Moraes.
El objetivo, según la investigación, era asesinar a los tres y crear un “comité de crisis” militar en 2022. Los planes barajaban incluso el envenenamiento como forma de segar la vida del presidente.
Uno de los arrestados en la operación fue el general retirado Mario Fernandes, quien figura en la lista de denunciados divulgada entonces por la Policía. Los otros tres militares se encontraban participando en las tareas de seguridad de la cumbre del G20.
Cabe recordar que en los meses convulsos post elecciones presidenciales de 2022, también hubo bloqueos de carreteras, campamentos frente a cuarteles pidiendo una “intervención militar” y graves disturbios en Brasilia. Esto incluyó un intento de atentado con explosivos en un camión cisterna cerca del aeropuerto de la capital brasileña.
El remate de todo ello ocurrió el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de activistas de ultraderecha asaltaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia, con la intención de incitar a los militares a derrocar a Lula.
Penas alcanzan hasta 30 años de cárcel
La semana pasada la Policía presentó cargos contra todos ellos por “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”. Las penas combinadas por esos delitos rondan los 30 años de prisión.
El informe recoge que la trama “se estructuró” en diferentes núcleos dedicados a difundir noticias falsas, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas; ejecutar acciones golpistas y realizar labores de inteligencia.
El documento, de más de 700 páginas, fue enviado a la Corte Suprema, instancia que ahora lo remitirá a la Fiscalía General, que a su vez decidirá si presenta una denuncia formal.
La Fiscalía tiene 15 días de plazo para formular una querella a partir de la fecha en que reciba la denuncia, pero los tiempos se pueden alargar si solicita más informaciones a la Policía.
Esta es la tercera vez que Bolsonaro enfrenta acusaciones policiales. Este año también fue denunciado por la supuesta apropiación indebida de valiosas joyas que debían haber sido incorporadas al acervo del Estado y por fraude en los certificados de vacunación de la covid-19.
Además, la Justicia Electoral lo inhabilitó el año pasado hasta 2030 por deslegitimar las instituciones democráticas.
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