Más allá del efecto colateral a favor del gobierno de Javier Milei, con jubilación y pensión de privilegio retirada, la condena en segunda instancia contra Cristina Fernández de Kirchner (más conocida como Cristina Kirchner) por corrupción la deja con un desenlace abierto. Incluso, desde lo simbólico para su sector militante, aún potable para repetir su eterno papel de “perseguida política” (lawfare).

Es que la expresidenta trasandina (2007-2015) y ex vicepresidenta (2019-2023) anticipó que su defensa apelará el reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal ante la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de Argentina, por lo que aún no está firme su sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Hoy, ungida como jefa del Partido Justicialista, podría ser candidata en las elecciones legislativas de 2025. Le queda un solo obstáculo que sortear: la posible sanción de la ley de Ficha Limpia en el Congreso.

Sentenciada, pero sin efecto: qué falta para que Cristina cumpla su condena

El miércoles pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena que el Tribunal Oral Federal N°2 le dictó a Cristina Kirchner en diciembre de 2022: seis años de prisión y prohibición de por vida para ocupar cargos en el Estado.

Según la Justicia argentina, la dirigente peronista benefició al empresario Lázaro Báez, también condenado en la misma causa conocida como “Vialidad”, en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

En un fallo de más de 1.500 páginas, los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña votaron por ratificar la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, mientras que el restante magistrado, Gustavo Hornos, votó además, en minoría, por sumar el delito de asociación ilícita, algo pedido por la fiscalía.

“Fueron 12 años de arbitrariedades (entre 2003 y 2015), de un abuso sistemático en la obra pública de Santa Cruz, con claro apartamiento de sus normas, donde los más altos mandos de la administración pública dirigieron las órdenes al grupo para el desarrollo de las maniobras de corrupción juzgadas”, dijo el juez Hornos en el documento judicial con base en la evidencia.

En 2015, con el peronismo derrotado y la llegada de Mauricio Macri (Cambiemos), “se ideó un plan para culminar con la maniobra fraudulenta”, del que participaron, según el fallo, José Francisco López, Lázaro Báez, Cristina Fernández de Kirchner, Nelson Periotti y José Raúl Santibáñez. En ese plan “se pretendió crear una deuda en favor de las empresas de Báez” y “se trató de atribuir el cierre de las empresas” al cambio de gobierno para evitar la “sensación de fuga”.

Después de conocerse la condena en segunda sentencia, Cristina Kirchner adoptó una posición de víctima (“Me castigan porque soy mujer”, dijo en un acto el mismo día) y señaló que recurrirá al máximo tribunal para revisar el fallo, última instancia habilitada a intervenir en el caso.

El Código Procesal Penal Federal de Argentina establece en su artículo 375 que “sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. El órgano jurisdiccional remitirá a la oficina judicial copia de la sentencia para que forme la carpeta de ejecución penal y pondrá en conocimiento al juez y a las partes que intervengan”.

Además, cuando la sentencia sea revisada, la Corte Suprema de Justicia estará en plena renovación de dos de sus cinco ministros integrantes. Juan Carlos Maqueda dejará el máximo tribunal por tener 75 años -límite dispuesto por la Constitución de Argentina-, mientras que sigue vacante el puesto que dejó Elena Highton de Nolasco en 2021.

Desde hace meses, el gobierno de Javier Milei insiste con los pliegos en el Senado para conseguir dos tercios de los votos -son claves los del bloque peronista- para designar a sus dos magistrados propuestos a la Corte, Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo. Resta resolver sus nombramientos con aval legislativo.

Otro punto a favor de Cristina es que la Corte Suprema carece de plazos para expedirse, por lo que puede demorar más de lo “deseado” por el gobierno y parte de la ciudadanía argentina. Así ocurrió con otro expresidente condenado por varios delitos, el también peronista Carlos Menem, quien ejerció entre 1989 y 1999 y es elogiado hoy por Milei por sus políticas de desregulación de la economía y privatizaciones.

Menem murió en febrero de 2021 sin que una de sus causas, la de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante su presidencia en los años 90, tenga una sentencia firme en la Corte Suprema (sí en Casación Penal, al igual que Cristina esta semana). Para tomar dimensión de los tiempos, el fallo contra Menem había llegado a la instancia final en 2019. Nunca se movió en los dos años que le quedaron de vida.

¿Cristina Kirchner puede ser candidata en 2025?

Junto a los seis años de prisión, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos. Pero, al carecer de sentencia firme, la expresidenta aún puede ser candidata el año que viene en los comicios legislativos.

La intención es clara desde que la exmandataria volvió a la rosca política y se impuso en las últimas semanas como la nueva titular del Partido Justicialista para suceder a Alberto Fernández, el mismo que ella eligió como candidato presidencial en 2019 y del que luego quiso desligarse tras el descalabro económico y social que dejó.

El único obstáculo en el camino de Cristina Kirchner es la sanción de Ficha Limpia, un postergado proyecto de ley que justo podría avanzar pronto en el Congreso de la Nación. Es más, se espera que el próximo miércoles sea debatido en el recinto de la Cámara de Diputados.

Si la ley de Ficha Limpia se aprobara en la Cámara de Diputados y en el Senado antes de la inscripción de postulaciones del año que viene, Cristina Kirchner quedará imposibilitada de participar en la contienda electoral.

Sin embargo, los votos necesarios para dar luz verde a la ley de Ficha Limpia no están asegurados. Se necesita una mayoría especial de 129 votos sobre 257 diputados nacionales. El sector oficialista (La Libertad Avanza) cuenta con el respaldo del PRO y con parte del radicalismo, pero debe negociar con otros bloques opositores cuestiones como la ampliación de los delitos contemplados -en su mayoría son por corrupción- o las instancias de la condena, por ejemplo.

El peronismo, como era de esperarse, ya presentó un dictamen de minoría para aprobar la normativa sólo si las sentencias firmes alcanzan aquellas expedidas por la Corte Suprema.

Las cuatro causas judiciales contra Cristina Kirchner

Al sumar la condena por administración fraudulenta, el máximo tribunal de Argentina acumulará cuatro causas contra Cristina Kirchner. Debe resolver todavía si en los casos de “dólar futuro”, la firma del memorándum de entendimiento con Irán y Hotesur-Los Sauces, la expresidenta debe ir a juicio oral y público o si ratifica su sobreseimiento.

“Dólar futuro”, donde se investiga un perjuicio al Banco Central por una mala instrumentación de las operaciones de venta de la divisa previo contrato a una fecha determinada, es la causa donde la exjefa de Estado fue procesada por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.

En 2021, la Sala I de Casación Penal dictó el sobreseimiento a todos los imputados, pero el fiscal Raúl Plée interpuso un recurso de queja y lo elevó a la Corte, mientras que el procurador Eduardo Casal pidió revocar el fallo de segunda instancia.

El segundo caso es uno de los más escandalosos, donde Cristina fue procesada en 2017 con prisión preventiva -tenía fueros- por los delitos de encubrimiento y traición a la patria, en relación a la protección de los imputados de Irán en el atentado a la mutual judía AMIA en 1994 por la firma de un memorándum declarado inconstitucional. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 sobreseyó a los imputados, el fallo fue apelado, y la Sala I de Casación Penal confirmó la misma medida. Sin embargo, la fiscalía recurrió a la Corte Suprema, que aún no define.

En la causa Hotesur-Los Sauces, se investiga presunto lavado de activos y asociación ilícita de parte de sociedades, propiedad de la familia Kirchner, en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios a modo de contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina (2003-2015).

En 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 también dictó el sobreseimiento de los acusados, pero se recurrió el fallo. Fue la Sala I de Casación Penal la que revocó y ordenó juicios orales. Las defensas apelaron, por lo que resta definir en la Corte Suprema.

Distinto panorama es el de “los cuadernos de la corrupción”, anotaciones del exchofer de un funcionario público con presuntos pagos de sobornos. El juicio oral de esta causa aún no tiene fecha de inicio. Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita junto a otras 41 personas.