El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes a Estados Unidos de “intromisión” por pedir información a la fabricante sueca Saab sobre una multimillonaria venta de 36 cazas al país sudamericano realizada hace unos 10 años.
“Es una intromisión de EE.UU. en un asunto de otro país, está fuera de lugar, no tiene sentido”, afirmó el mandatario durante una entrevista radiofónica, antes de aclarar que no quería emitir un “juicio precipitado” al desconocer qué información había solicitado el Gobierno estadounidense.
Al mismo tiempo, Lula atribuyó esa petición al hecho de que Brasil comprase aviones suecos y no estadounidenses y citó un episodio ocurrido en su anterior mandato.
“A los americanos no les gustó cuando dije que quería comprar un Rafale (fabricado en Francia); querían que comprase uno de sus cazas”, añadió.
Saab informó el jueves, sin entrar en detalles, de que había recibido una solicitud de información por parte del Departamento de Justicia de EE.UU sobre la venta a Brasil de cazas Gripen por 5.400 millones de dólares.
La compra de Brasil de los 36 cazas suecos, cuestionada por EEUU
La empresa afirmó en un comunicado que tiene la intención de colaborar con las autoridades norteamericanas, aunque aclaró que Brasil y Suecia ya investigaron el contrato y que no encontraron “ninguna infracción”.
El proceso de compra de los Gripen empezó en 2008 con Lula como presidente, pero el contrato se firmó en 2014, durante el mandato de Dilma Rousseff, sucesora y aliada del primero.
Lula y su hijo Luís Cláudio fueron denunciados en 2016 por la Fiscalía brasileña por un supuesto caso de tráfico de influencias y lavado de dinero por la compra, acusaciones que ambos rechazaron.
Según los fiscales, el entonces ya exmandatario intervino en las licitaciones del Gobierno brasileño en beneficio de algunas empresas, entre ellas Saab, servicios por los que su hijo habría cobrado 2,5 millones de reales (unos 440.000 dólares al cambio de hoy).
El caso luego llegó a la Corte Suprema, donde el magistrado Ricardo Lewandowski, actual ministro de Justicia, archivó el asunto en 2023 por observar vicios en el proceso.