La mayoría de los adultos mayores apenas gana lo necesario para gastos de alimentación. El cambio de fórmula según inflación que hizo Milei y su veto a un aumento para defender el “déficit cero” del Estado.
A pesar del ajuste automático por inflación, la mayoría de las siete millones de jubilaciones y pensiones en Argentina se ubican por debajo de los 200 dólares por mes, pero los adultos mayores necesitan más del triple para cubrir sus necesidades básicas, según el último relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad. Así, el monto que reciben apenas les alcanza para solventar los gastos de alimentación.
En el país vecino, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cubre a la mayoría de los trabajadores registrados, bajo la órbita de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo también encargado del pago de planes sociales. También existen sistemas provinciales pero, a diferencia de Chile, las AFJP (sistema privado) desaparecieron en 2008.
Para acceder a la jubilación, un argentino debe acumular 30 años de aportes laborales (cerca del 10% del salario bruto mensual) y tener cumplidos 60 años de edad en el caso de las mujeres o 65 en los varones. Hay, de todos modos, ciertas actividades con beneficios especiales, ya sea por temprana edad de retiro (insalubridad), menor cantidad de años de aportes o nivel de los haberes.
En septiembre, la jubilación mínima en el país trasandino, que alcanza a un 55% de las personas que cumplieron con el mínimo de requisitos según las estadísticas del Boletín de Seguridad Social, era de 234.540,23 pesos argentinos, es decir, 193 dólares o 173.700 chilenos. A esa cifra se le sumó un bono no remunerativo de hasta 70.000 pesos argentinos (casi 60 dólares o 51.800 pesos chilenos), que está congelado desde marzo pasado, totalizando así un tope de 251 dólares o 225.600 chilenos. La estrategia del gobierno de Javier Milei es que el extra se vaya “licuando” a tal nivel que en determinado momento quede suprimido por sí solo, al ser alcanzado por el ritmo del aumento del haber mínimo.
Además, existen otros pagos como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo, y la Pensión No Contributiva por Vejez, que baja al 70%. En ambos casos también aplica el bono.
Con estos montos en los bolsillos, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires informó que la canasta básica de los adultos mayores ya alcanzó los 912.584 pesos argentinos (751 dólares o 676.000 chilenos), por lo que un jubilado necesitó en septiembre más de tres haberes mínimos para cubrir sus necesidades básicas. En los últimos siete meses, el costo de vida de las personas mayores se incrementó 54,37%.
En el informe, que excluye arriendo, se precisó que entre los rubros que implican mayores gastos está “Alimentos”, que representó el 26% del total de la canasta básica (ARS 236.873, casi una jubilación mínima), seguido por el de “Vivienda” con el 22% (ARS 198.000) y el de “Medicamentos”, con el 16% (ARS 145.268).
El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, señaló en un comunicado que “no es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. La deuda sigue siendo con ellos”.
“El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes”, dijo Semino, además de advertir que “son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar”.
Cómo se calculan las jubilaciones en Argentina: el cambio de Milei
Una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei fue derogar el modelo de cálculo heredado de la gestión de Alberto Fernández (2019-2024). Ese porcentaje de aumento estaba determinado en partes iguales por la recaudación de la Anses y la variación de los salarios sobre un trimestre atrás.
Sin embargo, desde julio de este año, tras el decreto 274/2024 firmado por el presidente Milei, las jubilaciones quedaron actualizadas todos los meses según el último dato de inflación disponible, es decir, de dos meses anteriores. La razón es sencilla: los pagos a los adultos mayores ocurren los primeros días de cada mes, pero el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promediando la quincena. Para septiembre, por ejemplo, se tomó en cuenta el IPC del 4,03%, correspondiente a julio.
Uno de los problemas que enfrenta el gobierno argentino hace décadas es la falta de solvencia en los fondos del sistema previsional. Había en marzo último 10.698.146 de aportantes sobre 7.063.884 de beneficiarios pasivos (un bajo índice de 1,5, cuando el ideal sería de 3). Lo recaudado cubre aproximadamente el 60% de la masa de haberes. Esto en el marco de un mercado laboral precarizado (“en negro”) en el orden del 50% y con casi seis de cada diez jubilados o pensionados que tuvieron que apelar a una moratoria del Estado por no contar con los años necesarios de aportes, tal como exige la normativa trasandina.
Justo iniciado el mes de septiembre, Milei firmó el veto total a la ley aprobada en el Congreso que buscaba modificar su fórmula previsional y recomponer ingresos a los jubilados. Si bien respetaba la actualización mensual por inflación, le sumaba un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había dado un 12,5%) para completar el IPC del 20,6% de enero y definía que el haber mínimo no podía ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto.
El rechazo del presidente argentino, que derivó en una protesta en las afueras del Congreso, terminó a su favor, ya que los diputados después avalaron por mayoría su veto. En las redes sociales, fiel a su filoso estilo, Milei defendió su ideal de déficit cero en las arcas del Estado y expresó: “Hoy 87 héroes frenaron a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit que tanto nos ha costado lograr”.
Como de costumbre, criticó a la clase política por sus intentos de “destruir” el Gobierno con maniobras populistas. Según la administración libertaria, el pago extra a los jubilados hubiera representado un gasto del 1,2% del PBI, obligando al Estado a contraer deuda.
