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La tensión entre Venezuela y España se intensificó este martes, luego que el parlamento venezolano, controlado por el chavismo, presentara un proyecto que busca romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta iniciativa surge en respuesta al reconocimiento por parte del Congreso español de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La Asamblea Nacional venezolana rechaza la resolución del Congreso español, instando al Ejecutivo a "evaluar" la ruptura de relaciones como acción recíproca. EL régimen de Maduro denuncia a la "ultraderecha española" por refugiar a criminales y terroristas, acusándolos de promover desestabilización en Venezuela. El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, solicita una resolución para romper todas las relaciones con España, exigiendo el cese de actividades comerciales de empresas españolas en Venezuela.

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La tensión entre Venezuela y España no ha hecho más que acrecentarse en los últimos días. Este martes, el parlamento venezolano, controlado por el chavismo, presentó un proyecto de acuerdo con el que busca romper las relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, la iniciativa, que insta al régimen de Nicolás Maduro “evaluar” la decisión, se da como respuesta a la determinación del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en el país europeo- como presidente electo de Venezuela.

El documento, leído durante la sesión, insta “al Ejecutivo nacional a que evalúe, en un tiempo perentorio, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España, como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición” del Congreso español contra “la constitucionalidad venezolana”.

El pasado 11 de septiembre, el Congreso, con el voto en contra del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aprobó una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular (PP) en la que pide al Gobierno reconocer como presidente de Venezuela a González Urrutia, quien llegó a Madrid el día 8 de este mes para buscar asilo ante la persecución que asegura haber sufrido en su país.

En ese sentido, la Asamblea Nacional (AN, Legislativo) venezolana rechaza, según el proyecto de acuerdo, “la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso” del país europeo, y exhorta a los parlamentarios españoles a “respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió, soberanamente”, a Maduro como “presidente reelecto” en los comicios del 28 de julio.

Ese resultado, anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con base en unos resultados que aún se desconocen de manera desagregada, es rechazada y señalada como “fraudulenta” por la oposición mayoritaria -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- y ampliamente cuestionada por buena parte de la comunidad internacional, que exige la publicación de las actas.

Venezuela: parlamento acusa a ultraderecha de España de refugiar a criminales

El proyecto de la AN señala la decisión del Congreso español como una “acción que pretende desconocer la institucionalidad democrática” de Venezuela, además de la “voluntad soberana de todo un pueblo”.

Asimismo, dice que, en los últimos años, la “ultraderecha española ha refugiado a criminales, fascistas y terroristas convictos y confesos, quienes conjuntamente con la derecha venezolana, han promovido golpes de Estado fallidos” en el país caribeño y “la explosión de violencia para generar desestabilización política y social”.

“Jamás aceptaremos que ningún Gobierno extranjero o instancia internacional imponga condiciones y se inmiscuya en nuestro asuntos internos”, agrega el documento.

El proyecto fue presentado a solicitud del presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien, la semana pasada, pidiera redactar una resolución, que espera sea aprobada, para instar al Ejecutivo a romper “todas las relaciones” diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España.

Rodríguez exigió que la resolución establezca que “todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato”, en respuesta a lo que consideró como “el atropello más brutal” de España contra Venezuela “desde los tiempos” en que el país caribeño luchó por su independencia, en referencia a la decisión del Congreso de la nación europea.

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