Las autoridades paraguayas detuvieron a cinco personas que presuntamente colaboraron con una red de trata de personas que habrían captado víctimas en Paraguay para trasladarlas a Chile con fines de explotación sexual, informó este viernes la Fiscalía de Paraguay.
En allanamientos simultáneos en las ciudades de San Lorenzo y Mariano Roque Alonso, localidades cercanas a Asunción, la Policía Nacional de Paraguay detuvo el jueves a cinco choferes “quienes habrían colaborado con la red en el traslado de al menos 35 víctimas mujeres de nacionalidad paraguaya“, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
La Fiscalía de Chile puso en conocimiento de sus pares de Paraguay sobre la existencia de “una supuesta red internacional que se dedicaba a llevar mujeres desde Paraguay” con fines de explotación sexual hacia varias ciudades centrales de Chile, como San Fernando, Talca, Linares y la sureña Pucón.
Los operativos se efectuaron en tres empresas transportadoras, donde se incautaron documentos e información sobre varios choferes de camiones, que presuntamente colaboraron con el traslado de varias víctimas hacia Chile.
En total, estarían involucrados 24 conductores, según la Fiscalía paraguaya, de los cuales cinco ya fueron detenidos.
Las fiscales Carina Sánchez y María Isabel Arnold, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraguay, y la agente Claudia Aguilera, encabezaron los allanamientos, que fueron ordenados por la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía.
La supuesta organización presuntamente captaba mujeres, por medio de una ciudadana paraguaya que residiría en Chile, desde donde coordinaba la actividad con amistades en Paraguay.
A las mujeres supuestamente les ofrecían trabajo en Chile, como mucamas o encargadas de frutería, pero al llegar al destino les informaban que debían “mantener relaciones sexuales con distintos hombres en casas de citas”.
La pareja de la paraguaya, según la Fiscalía, estaría a cargo del manejo del dinero producto de la actividad ilícita, de controlar a las mujeres a través de cámaras de vigilancia y de imponer multas por incumplir reglas, “tomando como garantía los documentos de identidad de las víctimas”.
