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Un alto funcionario electoral de Venezuela, Juan Carlos Delpino, afirmó en una entrevista con The New York Times que no cuenta con pruebas que respalden la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, pese a que el Consejo Nacional Electoral lo anunció como ganador. Delpino, alineado con la oposición y elegido en 2023, expresó su vergüenza y pidió disculpas a la población venezolana por la falta de pruebas en el proceso electoral. Señaló irregularidades como desalojo de testigos de la oposición y falta de transparencia, decidiendo no participar en el anuncio de los resultados al no contar con evidencias que los respalden. Expertos internacionales cuestionan la legalidad y transparencia del proceso electoral.

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Un alto funcionario electoral de Venezuela afirmó no haber recibido “evidencia alguna” de que Nicolás Maduro efectivamente haya ganado las elecciones del pasado 28 de julio.

En entrevista con el The New York Times, Juan Carlos Delpino, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseveró no tener pruebas del supuesto triunfo del líder chavista, pese a que el organismo lo anunció como vencedor de los comicios.

De acuerdo al funcionario, el CNE “le falló al país” al declarar ganador a Maduro pese a no mostrar pruebas. “Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana porque todo el plan que se tejió para tener unas elecciones aceptadas por todos no lo logré”, sostuvo.

Abogado y docente, Delpin es uno de los cinco rectores del ente electoral. Alineado con la oposición, habló desde la clandestinidad debido al temor por eventuales represalias desde el gobierno.

Fue elegido en agosto de 2023 como uno de los miembros del organismo por la asamblea legislativa, según muchos, como un intento del régimen de dar cierta apariencia de “equilibrio y legitimidad”.

The New York Times remarca que en aquel momento vivía en Estados Unidos, por lo que decidió regresar a Venezuela para cumplir con sus labores por sus “grandes niveles de compromiso” con el proceso democrático, según admitió el propio jurista.

Cabe señalar que después del cierre de urnas en las elecciones de julio, Elvis Amoroso, presidente del CNE, anunció a Maduro como vencedor por sobre Edmundo González Urrutia.

Delpino dijo que ese día se despertó “con optimismo”, agregando que estuvo en la sede del ente electoral desde las 6:00 horas. Sin embargo, cuando más tarde comprendió que Amoroso anunciaría una victoria “irreversible” del actual gobernante, se fue a su casa.

De hecho, el funcionario electoral, quien no apareció en la rueda de prensa ofrecida en esa oportunidad, decidió esa misma noche dejar de participar en el consejo.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el abogado dio a conocer una serie de irregularidades que ocurrieron durante el cuestionado proceso electoral que “comprometieron la legitimidad” del mismo.

“Tras el cierre de las mesas de votación, se evidenció un incumplimiento de normas y reglamentos esenciales, cuando se reportaron incidentes de desalojo de testigos de la oposición durante el cierre de mesas, lo que constituyó una violación directa a los principios de equidad y de inobservancia de los derechos de los electores a tener acceso a las actas de violación”, mencionó.

A su vez, indicó haber sido informado recién a las 21:00 horas de ese 28 de julio sobre el supuesto hackeo al CNE que el régimen de Maduro utiliza como argumento para no mostrar las actas electores.

“Ante el desalojo de testigos en no pocos centros, la falta de transmisión del código QR a los data center de los comandos, y la falta de solución efectiva al presunto hackeo, tomé la decisión de no subir a la sala de totalizaciones y no asistir al anuncio del primer boletín”, precisó.

“Como rector principal, al no subir a la sala de totalización, carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados”, añadió.

Junto con mostrarse en desacuerdo con la “falta de publicación oportuna de los resultados mesa por mesa”, remarcó que expertos internacionales coinciden en que “los eventos descritos no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de transparencia y legalidad”.