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El Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución por consenso exigiendo a las autoridades de Venezuela la publicación rápida de las actas de las elecciones del 28 de julio. La resolución, presentada por Estados Unidos y otros países, insta al CNE a publicar los resultados por mesa electoral y garantizar la transparencia del proceso electoral. La Unión Europea también exige la publicación de las actas y una verificación imparcial de los resultados. La resolución destaca la importancia de proteger la cadena de custodia de los equipos electorales, así como a las instalaciones diplomáticas y al personal en Venezuela. Se pide a las partes interesadas abstenerse de conductas que comprometan una solución pacífica a la crisis y respetar los derechos humanos. La anterior resolución similar en la OEA había fracasado el 31 de julio por no alcanzar la mayoría necesaria.

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El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes por consenso una resolución que exige a las autoridades de Venezuela la publicación “de manera expedita” de las actas de las elecciones del pasado 28 de julio en el país caribeño.

El texto -no vinculante- fue presentado en nombre de Estados Unidos, así como de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Uruguay en calidad de copatrocinadores.

La resolución insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que “publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral”.

Junto a esto, pide que se “respete el principio fundamental de la soberanía popular a través de una verificación imparcial de los resultados que garantice la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoral”.

No sólo la OEA: UE también exige publicación de actas a Venezuela

El llamado de la OEA se une al que también efectuaron este viernes la Unión Europea (UE), entre ellos España, y 22 países más, en favor de la “inmediata publicación de todas las actas originales” de las elecciones.

A esto se suma la exigencia de una verificación “imparcial” e “independiente” de los resultados de esos comicios, en los que según el CNE el presidente Nicolás Maduro se impuso al opositor Edmundo González Urrutia, sin mostrar las actas detalladas (desglose) por cada zona de Venezuela.

La resolución de la OEA resalta también la importancia de “proteger y preservar todos los equipos utilizados en el proceso electoral, incluyendo todas las actas y resultados impresos, a fin de salvaguardar toda la cadena de custodia” de dicho proceso.

Asimismo, solicita proteger las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo en tales instalaciones.

Llama también a las partes interesadas a “abstenerse de cualquier conducta que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis, respetando la voluntad soberana del electorado venezolano”.

El Consejo Permanente apostó porque sea “una prioridad absoluta y una obligación para Venezuela” respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, (…) especialmente el derecho a reunirse pacíficamente y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios y el derecho a juicio imparcial”.

“Mostremos al pueblo de Venezuela que no está solo”, dijo al inicio de la sesión el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora.

La anterior resolución que rechazó la OEA

Cabe recordar que el pasado 31 de julio había fracasado en ese organismo panamericano, con sede en Washington, otra resolución que exigía la difusión de inmediato de las actas electorales.

Ese primer texto contó con 17 votos a favor, ninguno en contra, 11 abstenciones y cinco ausencias, de manera que no logró la mayoría absoluta necesaria para salir adelante.

Rompió la votación en esa ocasión la frase que impulsaba a efectuar “una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados”. En el texto aprobado ahora no fue incluida.