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La Policía Federal de Argentina allanó el departamento del expresidente Alberto Fernández en busca de su teléfono celular, en el contexto de la causa por violencia de género presentada por su expareja Fabiola Yáñez. El fiscal federal Carlos Rivolo ordenó la medida para verificar las denuncias de Yáñez por "violencia física" y "terrorismo psicológico".

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La Policía Federal de Argentina allanó la noche de este viernes el departamento donde reside el expresidente Alberto Fernández, en el contexto de la causa por violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yáñez. El objetivo, según consigna Perfil, era obtener su teléfono celular, para corroborar la veracidad de los hechos denunciados.

La medida fue dispuesta por el fiscal federal Carlos Rivolo, quien en la semana se comunicó con la denunciante para ofrecerle asistencia de la unidad especializada en violencia contra las mujeres.

También se buscaría verificar, si luego que el juez Julián Ercolini dispuso que Fernández no podía acercarse ni comunicarse con Yáñez, este la llamó o envió mensajes, circunstancia que la Justicia podrá corroborar con la revisión del teléfono.

La orden del allanamiento fue ejecutada por personal de Policía Federal en el departamento de Fernández, localizado en el barrio porteño de Puerto Madero.

El operativo se dio luego de que este viernes la causa fuera sorteada y quedara nuevamente en manos del juez Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 10.

La ventana del departamento de Alberto Fernández en Puerto Madero, allanado por la Justicia
La ventana del departamento de Alberto Fernández en Puerto Madero, allanado por la Justicia | Perfil

Investigación por corrupción develó violencia de género

La denuncia por violencia de género fue extraída de la causa de origen sobre supuestas irregularidades en el contrato de seguros durante la gestión de Fernández, después de que en el transcurso de esa investigación se hallaran en un celular incautado pruebas de la presunta agresión del exmandatario a Yáñez.

El fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la causa de los seguros, instruyó el sorteo para el nuevo expediente, que recayó en el Juzgado 10, a cargo de Ercolini.

Con el cambio de juzgado, el fiscal que intervendrá ahora es Ramiro González, y el expresidente fue notificado de la nueva carátula.

Fernández designó este viernes a la abogada penalista Silvina Carreira, especializada en Familia, para que lo represente.

“He tenido conocimiento de la presente causa y por ello vengo a ponerme a derecho en el marco de esas actuaciones”, expresó Fernández en la presentación que hizo ante el juez Ercolini.

El exjefe de Estado solicitó al magistrado que “dada la urgencia de conocimiento de las actuaciones”, se vincule a Carreira “lo más pronto posible al sistema para poder aceptar el cargo y tomar vista de los motivos en los cuales versa esta causa”.

Alberto Fernández denunciado por “violencia física” y “terrorismo psicológico”

Yáñez denunció el martes pasado a Fernández por “violencia física y “terrorismo psicológico”, y este jueves trascendieron dos fotos (publicadas inicialmente en el portal Infobae) de la exprimera dama con nítidas lesiones en un ojo y un brazo, así como chats con acusaciones de este tenor: “Esto no funciona, así todo el tiempo me golpeas. Es insólito”.

Estas impactantes imágenes y conversaciones salieron a la luz a pocos días que que el abogado Juan Pablo Fioribello, ex representante legal de Fabiola Yañez, llamara la atención sobre unas fotos “espeluznantes” aportadas a la Justicia como evidencia de posible violencia de género.

El exjefe de Estado también fue denunciado esta semana por supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, en el contexto de una denuncia paralela que apunta al rol ejercido por los custodios presidenciales, de quienes se sospecha que “desprotegieron” a la exprimera dama.

En este marco, el Gobierno dispuso este jueves 8 de agosto reforzar la custodia de Yañez: dos efectivos de la Policía Federal llegarán a Madrid en los próximos días para efectuar un recambio de agentes, como parte de las medidas tomadas para preservar la seguridad de la denunciante.