El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este sábado que solicitará a nuestro país, por vía diplomática, el registro migratorio del Ronald Ojeda, acusando al exmilitar venezolano de viajar para conspirar contra el régimen de Nicolas Maduro.
“En las próximas horas, solicitaremos a Chile -en base a la asistencia penal internacional, por vía diplomática- el registro migratorio del teniente Ojeda y de los presuntos asesinos señalados por las autoridades chilenas”, expresó Saab en X.
Aseguró que, según las responsabilidades de los Estados, los funcionarios chilenos “están obligados a responder y explicar” por qué el exmilitar venezolano “entraba y salía (de Chile) para ejecutar acciones conspirativas” contra Venezuela.
Asimismo, acusó al Ministerio Público de Chile, que “no le haya informado al Presidente de Chile @GabrielBoric y al Canciller @AlbertoKlaveren de la respuesta escrita de 55 paginas (basada en nuestra #cooperación internacional) que este Ministerio Publico de #Venezuela
@MinpublicoVEN le enviase en el momento correspondiente como respuesta a su solicitud de información”.
El pronunciamiento del fiscal se produce un día después de que el canciller chileno, Alberto Van Klaveren, dijese que Saab “es la persona menos indicada para dar lecciones” sobre cómo investigar el crimen.
El funcionario venezolano dijo el miércoles que el crimen de Ojeda fue una operación para “enturbiar” las relaciones entre ambos países, en la que participaron cuerpos de inteligencia chilenos y extranjeros “con intereses espurios”, lo que Van Klaveren consideró expresiones “absolutamente inaceptables”.
Varias autoridades de Chile se refirieron en las últimas horas a las palabras del fiscal e insistieron en que el Ministerio Público chileno está llevando a cabo una investigación “seria y responsable” y que en el país suramericano las instituciones “funcionan”.
Ojeda, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el pasado 21 de febrero en la capital y sus restos fueron hallados 10 días después en la comuna de Maipú, sepultados debajo de un bloque de cemento.
El fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, vinculó en abril el crimen con la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel venezolana y extendida por Chile, Perú, Colombia y Bolivia, y pidió apoyo a las autoridades venezolanas para esclarecer los hechos.
Hasta el momento, solo hay un joven venezolano detenido en Chile, pero hay otros dos sospechosos con órdenes de detención, que las autoridades chilenas creen que están en Venezuela.
El caso ha generado tensión diplomática, en medio de la cual Chile envió el jueves una nota de protesta a Venezuela y, en abril, el presidente Gabriel Boric llamó a consultas a su embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, que finalmente retomó sus funciones unos días después.
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