“Si Abinader sigue en el poder, yo no puedo vivir aquí. Voy a tener que regresar a mi casa en Haití porque aquí no tengo ningún valor. No estoy a salvo. No tengo cómo vivir aquí si él continúa como presidente”, advierte Yani Rimpel, una empresaria haitiana de 35 años de la ciudad oriental de Verón, en República Dominicana.
Rimpel vive desde hace 20 años en el país caribeño y dice que nunca había visto tanta incertidumbre entre las comunidades haitianas de República Dominicana ante lo que pasará en unas elecciones generales.
Esta sensación la atribuye a la política migratoria de Luis Abinader, el actual presidente dominicano y favorito en las encuestas para la reelección. Este ha sido uno de los puntos de mayor atención en este periodo electoral.
La relación entre ambos países no solo se enmarca en un conflicto por el flujo migratorio haitiano, sino que también los une un lazo comercial y una historia colonial.
La Española, una isla compartida llena de contrastes
Haití y República Dominicana comparten territorio en la denominada Isla La Española, Ayiti o Quisqueya, como la llamaban sus antepasados taínos.
República Dominicana fue colonia española, mientras que Haití estuvo bajo el dominio francés. De ahí las marcadas diferencias culturales que se mantienen hasta hoy, como el idioma y la religión.
Para 1821, República Dominicana logra su independencia, pero su vecino Haití en 1822 la ocupa por 22 años. Varios historiadores señalan que este periodo estuvo marcado por la represión y el intento de eliminar las tradiciones dominicanas, mientras que otros hablan de una unificación de la isla que trajo reformas importantes como la abolición de la esclavitud.
Sin embargo, en 1844, se crea la República Dominicana como se la conoce hasta estos días. Desde entonces, comparten una frontera de casi 400 kilómetros.
Haití terminó -por la corrupción, malas decisiones políticas y desastres naturales- en una espiral de violencia, con grupos armados que han tomado control de gran parte del territorio haitiano y su población sumida en la pobreza.
Por su parte, República Dominicana logró consolidar una estabilidad política a partir de 1990 y ha sostenido una economía que, según el Banco Mundial, es de las de mayor crecimiento en la región. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento cercano al 5% para este 2024.
Migración, apátridas y deportaciones
Esta desigualdad provocó que miles de haitianos buscaran nuevas oportunidades, no solo en el país vecino.
Históricamente, República Dominicana ha recibido un constante flujo de personas, que ha derivado en la adopción de una política migratoria cuestionada por organizaciones de derechos humanos.
Esas medidas incluyen la decisión del Tribunal Constitucional del 26 de septiembre de 2013, con la que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de personas que nacieron en República Dominicana, pero cuyos padres eran migrantes ilegales.
La preocupación de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y de otras organizaciones internacionales se debe a que esta medida fue de carácter retroactivo; es decir, aplicaba para los hijos de migrantes haitianos indocumentados que se asentaron en el país desde 1929.
Desde entonces, miles de niños y adultos quedaron sin nacionalidad y, por ende, perdieron el acceso a servicios esenciales. Aunque los Gobiernos de turno han señalado que no existe una política racista ni discriminatoria, organizaciones como Amnistía Internacional alertan del recrudecimiento de un sistemático racismo que viene del Estado dominicano.
“La exclusión de los negros de ascendencia haitiana y dominicana es el resultado de un conjunto de políticas migratorias discriminatorias, en particular la detención colectiva y la expulsión de nacionales haitianos, incluidos niños y mujeres embarazadas y mujeres posparto”, señala la organización.
Santiago Molina, activista y abogado dominicano, en entrevista con France24, detalló decenas de casos de vulneración de derechos de migrantes por parte de las autoridades dominicanas. Abusos de la fuerza y extorsiones son algunos de los casos más comunes en los operativos.
“La Dirección General de Migración y su política han sumido a este país en una serie de arbitrariedades que afectan los derechos humanos”, agregó.
Molina expresó su preocupación, sobre todo por el uso de los camiones para la deportación de migrantes. Según las estimaciones del Gobierno, en 2023 se produjo la deportación de más de 250.000 haitianos.
En ese año, se adquirieron 20 nuevos camiones para “efectivizar” sus controles migratorios y, según publica El Nuevo Diario Dominicano, el director general de Migración en abril de 2023, Venancio Alcántara, aseguró que buscaban “mejorar cada vez más los resultados en cuanto a las acciones contra la entrada ilegal de extranjeros al territorio dominicano, especialmente indocumentados haitianos”.
Quienes son deportados regresan a un país asolado por la violencia. Muchos nunca han estado en Haití y gran parte de ellos han sido deportados más de una vez porque se atreven a regresar a territorio dominicano al no tener garantías en el lado haitiano, ni siquiera de sobrevivir.
Por ello, los organismos de las Naciones Unidas han solicitado a los países donde residen haitianos indocumentados, que se detengan las deportaciones ya que se pone en grave riesgo la vida de los migrantes.
Migrar se ha convertido en un negocio en República Dominicana, tanto en las fronteras como en el interior. Grupos delictivos están involucrados en el tráfico de personas, cobrando hasta 250 dólares por trasladar a alguien desde Haití hasta la República Dominicana. Esta cifra se ha duplicado desde 2021, cuando el costo rondaba los116 dólares.
Sin embargo, no solo las bandas criminales se benefician de esta situación; según denuncias de varios ciudadanos, sorprendentemente también los encargados de realizar el control de migrantes exigen la misma cantidad para evitar su deportación.
“Cómo se puede hablar (el presidente) de una política anticorrupción, cuando los funcionarios de migración les cobran hasta 250 dólares para no deportarlos. Les obligan a pagar, pero con el miedo de ser deportado al día siguiente”, alerta Molina.
El consenso sobre un “muro”
El presidente Luis Abinader ha logrado una aceptación muy amplia en su periodo, que le permitiría, según las encuestas, lograr un nuevo mandato en las elecciones del 19 de mayo.
El endurecimiento de las medidas migratorias ha calado en el electorado. De ahí que los nueve candidatos se han mostrado a favor de continuar con esa política. Específicamente con una acción: continuar la construcción de un muro fronterizo o, como lo llama el Gobierno, “verja inteligente”.
Los primeros metros ya fueron construidos y el objetivo es que ocupen el largo de la frontera, casi 400 km. Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, los otros dos candidatos con posibilidades de ganar, son partidarios de esta obra.
La propuesta de construir un muro, según Abinader, busca “poner fin” a la migración ilegal.
Alejandro Abreu, sociólogo dominicano, cuestiona esta idea y cree que la solución debe ir más allá de una barrera física. Afirma que la frontera es un mercado vivo con un intercambio positivo.
“Se deben aplicar nuevas políticas para que la frontera dominicana no sea solo de protección física, sino también de empleo y desarrollo”, agregó Abreu al mencionar que se debe buscar una mejor convivencia, aunque dejó en claro que “República Dominicana tiene el derecho de regular y poner límites”.
Abreu mencionó que, afortunadamente, no hay posiciones políticas extremas en el poder. “La discusión es quién ejerce mejor el centro, quién regula mejor la frontera, quién establece mejor los intercambios”, aseguró. Para él, mantenerse en este centro permite que se discutan soluciones para la migración, sin tendencias extremistas.
Además, destacó el programa regulatorio de migrantes que ha llevado a cabo el Gobierno. Aunque mencionó que existen algunos inconvenientes, dijo que hay un proceso en curso que siempre puede mejorar. Eso sí, hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de ayuda humanitaria para que participen activamente en la recuperación de Haití.
“Los organismos (internacionales) no han dado resultados favorables para evitar la guerra ni para evitar la crisis migratoria”, criticó.
El académico resaltó el trabajo de República Dominicana con respecto al apoyo humanitario con Haití, por ejemplo, en el terremoto de 2010. Como país vecino funcionó como centro logístico para la ayuda internacional y fueron los primeros en responder a la emergencia.
Además, dijo que existe un apoyo importante en materia de salud, por lo que califica de “injusta” la visión internacional sobre lo que ha hecho República Dominicana.
“Es un escenario difícil, pero la regulación de los migrantes es un recurso de los Estados que siempre ha habido en este modelo de nación en el mundo”, acota el sociólogo dominicano Alejandro Abreu.
Ahora, frente a un discurso discriminatorio de un sector de la sociedad contra los haitianos, principalmente, se trata de “un rechazo a los pobres, combinado con el racismo”, pero, asegura, que esa no es la regla.
“Hay una convivencia, una solidaridad entre haitianos y dominicanos. En el contacto diario, es fluido y no hay conflicto. Es muy raro y casos aislados”, resaltó.
Un canal de riego tensa aún más las relaciones
Uno de los episodios más críticos en la relación dominico-haitiana ocurrió en septiembre de 2023, cuando se intentó construir, del lado haitiano, un canal de riego en el río Masacre. De acuerdo con las autoridades de Haití, la obra debe realizarse para que el agua llegue a los canales como es debido.
La obra consiste en desviar agua del río, que comparte con la República Dominicana, para dotar de líquido vital a la llanura de Maribahoux. Aunque la obra es de iniciativa privada, el Gobierno haitiano respaldó su construcción y acompaña sus trabajos.
Por su parte, el Gobierno dominicano dice que este canal, de concretarse, afectaría a los agricultores dominicanos y al medio ambiente. Por ello, tomó drásticas decisiones para disuadir a su vecino a que continúe la obra. Entre ellas, decretó el cierre total de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas con Haití.
A este cierre se agregaron otras medidas como la suspensión de visas a ciudadanos haitianos y la prohibición de entrada al país de ciudadanos haitianos que las autoridades dominicanas consideran involucrados en el conflicto.
La situación permaneció así varias semanas, hasta que el presidente Abinader decidió reabrir el comercio con Haití, que no desistió en la construcción del canal.
Dependencia económica
Más allá del conflicto migratorio, República Dominicana y Haití comparten y dependen económicamente una de otra. Los principales destinos de las exportaciones totales de República Dominicana en el 2022 fueron Estados Unidos, con el 56% del total, y Haití, con el 8,4%, siendo el segundo socio comercial. Entre ambos, suman más del 70% del total de exportaciones, según la Presidencia dominicana.
De enero a agosto de 2023, Suiza encabezó la lista con el 19,16% del total de exportaciones, seguido de Haití con el 15,6%, ratificando su importancia comercial.
Para los haitianos, su país vecino es clave. Según la Fundación dominicana Juan Bosch, “Haití es el único país con el cual República Dominicana tiene balanza comercial positiva, vendiendo a ese mercado unos 2.000 millones de dólares anuales”.
En su informe señalan que en 2010 -tras el terremoto- “los haitianos que vivían en el exterior mandaron a su país 1.300 millones de dólares, alrededor del 25% del PIB de su país de origen”. La mayoría de ellos viven en República Dominicana, donde logran producir ganancias, dinamizar la economía local y también enviar remesas.
Los productos principales de intercambio son tejidos de algodón, harina de trigo, galletas, varillas de acero y cemento, entre otros.
“La fuerza más importante de ingreso para Haití es la migración; el 30% del ingreso nacional viene de remesas y han salido más de un millón y medio de haitianos”, dice Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del centro de pensamiento Diálogo Interamericano.
A ello, se suma una informalidad en el sector comercial que ha crecido también en los últimos años, dando paso a economías paralelas, sobre todo, en las ciudades fronterizas como Dajabón.
De ahí que muchos analistas y organismos internacionales de derechos humanos alertan que en los planes de Gobierno no incluyan políticas integrales que aborden los derechos humanos, económicos y culturales de las personas, tanto dominicanas, como haitianas.
Una de las alertas en que Amnistía Internacional pone el foco es en el racismo. “La ausencia de esta cuestión en la mayoría de las propuestas no solo es lamentable, sino que también debería generar preocupación, dado que cualquiera que pretenda liderar el gobierno del país debería mostrar un compromiso claro y decidido para desmantelar la discriminación racial y la violencia que sufren los negros en el país”, escribió Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Con todo esto de fondo, la histórica relación cargada de tensiones, cierres fronterizos y conflictos migratorios ha colocado a la campaña electoral de República Dominicana en el centro de atención y será el puntal de la gestión del próximo presidente.