“Este caso inició en marzo de 2023. En ese momento se logró detectar y desmembrar una red de funcionarios, muchos de ellos presidentes de Pdvsa, que usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales”, dijo William Saab, agregando que los implicados usaban monedas digitales “para enmascarar y evadir responsabilidades”.
Saab detalló en rueda de prensa que algunos de los detenidos por la trama fueron el entonces vicepresidente de Comercio y suministro de Pdvsa Antonio Pérez Suárez, así como el exministro de Educación Hugbel Roa y el exsuperintendente de criptoactivos, Joselit Ramírez, hombre de confianza de El Aissami.
“Por este caso han sido acusadas 54 personas, todas detenidas, imputadas y acusadas. Tras esa primera etapa, la investigación siguió abierta y continuaron las diligencias de investigación”, indicó, añadiendo además que del total de acusados cinco “han pasado a ser testigos protegidos”.
En concreto, uno de ellos habría detallado durante un interrogatorio que tuvo la confianza del exministro de Petróleo.
“Según explicó, las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración en la economía del país, ya que recibían los dividendos de la venta de crudo y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras”, subrayó.
El fiscal general afirmó que El Aissami, “a través de sus hombres de confianza, entre los que estaban Roa y Ramírez, “asignaba directamente buques de crudo para luego movilizar lo obtenido por su comercialización sin dejar rastro”.
En la trama estaría involucrado también el exministro de Economía Simón Alejandro Zerpa. “El objetivo y el fin de esta mafia, encabezada por Tareck El Aissami, no era otro que implosionar la economía nacional, destruir nuestra moneda presionando al alza del dólar paralelo, y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo”, sostuvo.
El Aissami, quien dimitió en marzo de 2023 por la trama -que logró malversar alrededor de 21.000 millones de dólares- ocupó el cargo de vicepresidente del país desde 2017. En 2018 fue nombrado vicepresidente sectorial del Área Económica y dos años más tarde fue designado ministro del Petróleo.
El político está acusado de facilitar el narcotráfico desde Venezuela mientras era vicepresidente en 2017 y 2018, manipulando puertos y bases aéreas, además de su presuntamente colaborar con el capo de la droga venezolano Walid Makled García.