La policía de Ecuador irrumpió en la embajada de México en Quito el viernes por la noche para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en las instalaciones desde diciembre. El Gobierno mexicano había decidido concederle asilo político el mismo viernes.
Antes de la detención, Ecuador había calificado de “ilícito” el asilo otorgado a Glas, quien enfrenta un proceso por corrupción, explicando que esa decisión “apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad”.
La decisión de otorgarle asilo tensó las relaciones bilaterales y el jueves Quito expulsó a la embajadora mexicana Raquel Serur.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó la detención de “violación flagrante al derecho internacional y la soberanía de México” en la red social X, en la que indicó: “He instruido a nuestra canciller que (…) proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador”.
Glas, quien ya estuvo preso por corrupción, fue trasladado a una unidad de la Fiscalía en Quito. Sobre él pesa una orden de prisión en el marco de una investigación por el presunto delito de apropiación o uso ilegal de bienes del Estado.
Ecuador defendió la medida alegando que hubo un “abuso de las inmunidades y privilegios” concedidos a la misión diplomática, según un comunicado de la secretaría de Comunicación de la presidencia (Segcom).
La Segcom señaló igualmente que “toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países (…) Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glas ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes”.
En los últimos años, México, ha concedido asilo o refugio a correístas como el excanciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira.
Acusado de corrupción y desvío de fondos
Jorge Glas, exvicepresidente entre 2013 y 2017 del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), está acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros después de un devastador terremoto en 2016.
En otro proceso, el exfuncionario fue condenado en diciembre de 2017, cuando había sido reelegido, a seis años de cárcel por la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht.
En 2022 obtuvo su libertad condicional al beneficiarse de un recurso de habeas corpus.
El expresidente Correa, prófugo condenado a ocho años de cárcel por corrupción, denunció en las redes que “ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. Responsabilizamos a Daniel Noboa [presidente de Ecuador] de la seguridad e integridad física y sicológica del exvicepresidente Jorge Glas”.