Argentina inició acciones diplomáticas contra Venezuela ante una prohibición emitida este martes por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, la cual limita que las aeronaves argentinas puedan sobrevolar el espacio aéreo de este país.
Según explicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno), “Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo” y, por ello, inició “acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, encabezado por el dictador Maduro”.
La medida del Gobierno venezolano, indicó el vocero, está relacionada con el caso del avión Boeing 747, propiedad de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la aerolínea venezolana Conviasa, que fue retenido en Argentina desde junio de 2022 y enviado en febrero pasado a Estados Unidos.
Si bien el portavoz del Ejecutivo argentino no amplió detalles, nuestro medio asociado Agencia EFE pudo saber por otras fuentes que Argentina presentó una nota de protesta a Venezuela el 8 de marzo.
Lo anterior, “por la decisión de suspender los permisos de sobrevuelo de empresas aéreas argentinas en espacio aéreo venezolano”.
En ese texto, Argentina también adelantó que tomaría medidas en el ámbito de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) por “violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional”, conocido como Convenio de Chicago (1944).
Según dichas fuentes, Venezuela respondió ayer “ratificando la suspensión” y vinculando esta prohibición con el caso de la citada aeronave.
Disputa por el Boeing 747, el origen del conflicto por el espacio aéreo de Maduro con Argentina
En la madrugada del pasado 12 de febrero, el Boeing 747-300M Dreamliner de carga partió rumbo a Estados Unidos, en respuesta a un pedido de decomiso.
Era una propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente es de Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EEUU.
La tripulación que había llegado a Argentina el 6 de junio de 2022, integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente por la Justicia y puesta en libertad después por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.
El avión llegó a Argentina procedente de México y tras hacer una escala en Venezuela.
Dos días después partió de Argentina para cargar combustible en Uruguay, pero regresó al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, porque no se autorizó su aterrizaje.
Entonces la Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los 19 tripulantes no podían salir del país. Con el correr de la investigación, los tripulantes fueron liberados.
La justificación de la reclamación por parte de Estados Unidos es que fue una entidad iraní sancionada la que transfirió el avión a un tercero, algo prohibido a efectos de la sanción.
Antes de la partida del avión hacia Estados Unidos, se sumó un confuso episodio, el 6 de febrero, cuando un diplomático venezolano en Buenos Aires violó la seguridad y sacó fotos de la aeronave.
Dos semanas después de la salida del avión, el pasado 29 de febrero, Maduro denunció a Estados Unidos por el “acto vil, criminal, indignante” de “descuartizar” la aeronave en Miami.