Militares de Ecuador aseguran haber arrebatado control de cárceles al crimen organizado

Las prisiones se han vuelto uno de los focos de las operaciones de las fuerzas estatales para golpear a las bandas del crimen organizado, con continuos operativos para requisar todas las armas y objetos prohibidos que tenían dentro de las prisiones estos grupos de la delincuencia organizada, catalogados ahora por el Gobierno como terroristas.

Fruto de esos operativos se han decomisado grandes arsenales de armas como fusiles, pistolas, granadas y chalecos antibalas, así como miles de balas e importantes cantidades de droga.
En algunos casos han tenido que romper paredes o falsos techos para encontrar los escondites donde estas bandas criminales guardaban su armamento, a la vez que disponían de conexiones a internet y otros lujos que los policías y militares han retirado.

La intención de las Fuerzas Armadas es quedarse dentro de las prisiones el tiempo que sea necesario, según anticipó el martes el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, tras recordar que estos espacios fueron durante años bases del crimen organizado y zonas de conflicto entre bandas que se disputaban el control de las cárceles.

El objetivo es que las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, no vuelvan a adueñarse de los centros penitenciarios, donde por rivalidades entre ellas se han registrado desde 2020 una serie de masacres carcelarias en las que han sido asesinados más de 450 presos.

Presos pagaban cupos para recibir comida

Una de esas cárceles que fue escenario de grandes matanzas es la prisión de Latacunga, la segunda más grande de Ecuador, situada a unos 70 kilómetros al sur de Quito, donde este jueves se permitió el acceso a periodistas, entre los que estaba EFE, que ingresaron escoltados por los militares.

Las Fuerzas Armadas quisieron exhibir el cambio de funcionamiento que había experimentado esta cárcel desde que sus 4.344 presos están controlados por los militares, que han asumido temporalmente la custodia de la prisión en lugar del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado.

Hace pocas semanas la prisión de Latacunga, en la andina provincia de Cotopaxi, fue uno de los recintos carcelarios donde se dieron una serie de motines simultáneos con unos 200 rehenes que lograron ser liberados tras casi una semana de tensión, en el marco de una oleada de violencia.

Al entrar en el Centro de Privación de Libertad Número 1 de Cotopaxi, el nombre oficial de esta cárcel, los militares encontraron que “existía una desorganización total, no existía la seguridad para las personas privadas de libertad. No tenían las tres comidas al día. Tenían que pagar por las tres comidas”, según explicó un comandante del Ejército que no quiso revelar su identidad.

“Existían beneficios para ciertos presos que mantenían el control de cada etapa y ellos ponían sus normas y leyes. Ahora existe orden. Tienen las tres comidas al día y ya no existe la vacuna (cupo) para poder tener acceso a la alimentación, el agua o a un área donde dormir. Ahora son tratados por igual, como debían haber sido tratados desde un inicio”, añadió.

Militares rechazan denuncias de excesos

Con los militares al frente de la cárcel, los presos realizan tareas de limpieza y de mantenimiento del centro carcelario, en una rutina de orden prácticamente inédita para los reclusos.

“En ningún momento hemos vulnerado ningún derecho humano con ningún privado de libertad. No existe el maltrato y el abuso”, aseguró otro comandante después de que algunas organizaciones hayan denunciado presuntas violaciones a los derechos humanos de los presos bajo esta intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas a las cárceles.

La denuncia fue acogida por un juez que ordenó una investigación a la Defensoría del Pueblo, que por primera vez en cinco años ha podido acceder a los recintos carcelarios para constatar el estado y la situación de los reos.

La idea del Gobierno es que eventualmente el SNAI vuelva a recuperar su competencia interna sobre las prisiones una vez que la situación esté estabilizada, pero el presidente Daniel Noboa ya ha planteado como parte de un referéndum a celebrarse en abril que los militares se encarguen permanente del control de acceso a los recintos carcelarios.