El 6 de junio del 2022 arrancó en Buenos Aires una controversia diplomática con implicancias en Venezuela y Estados Unidos. Un avión de la firma Emtrasur Cargo, perteneciente al Gobierno bolivariano, aterrizó junto a su tripulación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Las alertas se encendieron ante las sanciones norteamericanas por supuestos nexos de la firma con el terrorismo, y las fotos y noticias de la aeronave ocuparon la agenda política y judicial durante varios meses.

La Justicia argentina ordenó este miércoles el decomiso solicitado por Estados Unidos del avión de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo, la que venía con tripulantes de origen venezolano-iraní.

Recordemos que esta nave llegó al país latinoamericano en junio de 2022, con tripulantes sospechosos de espionaje y que desde entonces permanece bajo custodia en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires.

La medida fue adoptada por el juez federal Federico Villena en respuesta a la solicitud formulada en octubre de 2022 por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos).

Se trata de un tribunal que pidió a las autoridades argentinas la confiscación del avión, objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

La aeronave, un Boeing 747 Dreamliner de carga, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa.

La tripulación, conformada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente y puesta en libertad después por el juez Villena por falta de evidencia.

Se tomó en consideración un tratado suscrito por Argentina y Estados Unidos en virtud del cual ambos países “se comprometieron a brindarse asistencia mutua”.

“Resulta imperativo dar cumplimiento al compromiso asumido por el Estado Argentino al suscribir el Tratado. Actuar en sentido contrario podría implicar la responsabilidad internacional de la República Argentina”, estimó la fiscal.

Polémica por avión venezolano-iraní varado en Argentina

El informe del ministerio público argentino provocó una dura reacción de las autoridades venezolanas, que el pasado 30 de diciembre emitieron un comunicado expresando “de manera categórica” su rechazo a lo que calificaron como el “secuestro de una aeronave” retenida “ilegalmente”.

A juicio del Gobierno venezolano, el tratado entre Argentina y EEUU “no puede ser aplicado a un tercer Estado, porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales”, que establecen “procedimientos para resolver este tipo de controversias”.

Además de exigir la “inmediata devolución de la aeronave”, Caracas anticipó su decisión de recurrir a instancias internacionales. Junto con lo anterior, calificó la decisión argentina de “conducta inamistosa y carente de la más elemental cortesía internacional”.

En su resolución hoy, el juez argentino Federico Villena rechazó la solicitud de Venezuela de desestimar la petición de EEUU de decomisar la aeronave.