Los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera dictaron este miércoles una medida cautelar que dejó sin efecto los cambios en materia laboral que habían entrado en vigencia el 29 de diciembre. María Dora González, en tanto, votó en disidencia.
La semana pasada, la Confederación Nacional del Trabajo (CGT), de inspiración peronista, llevó a cabo una movilización contra el DNU y además solicitó al Poder Judicial que frenara los cambios laborales que el Gobierno quería imponer por decreto.
Asimismo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el decreto.
En el fallo de este martes, González y Sudera consideraron que debido a las particularidades del caso, “lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada” por la central obrera.
En ese sentido, los jueces sostuvieron que la extensa fundamentación del Poder Ejecutivo sobre la gravedad de la situación económica del país resulta insuficiente para demostrar la urgencia en implementar cambios estructurales en las leyes laborales, especialmente cuando algunas de esas normas tienen naturaleza penal.
Los magistrados remarcaron que el Jefe de Estado podría haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación si consideraba prioritario el tratamiento de la reforma laboral.
Entre otras modificaciones, había cambios vinculados a la interpretación de las normas, contratación, jornada laboral, indemnizaciones y actividad sindical.
Sudera citó a la Corte Suprema, dijo que el Congreso Nacional “tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento y el Poder Judicial dicta sentencias” y le señaló al presidente: “Las formas republicanas no son mera retórica, sino que hacen a la esencia misma del sistema”.
Dentro de la disidencia, la jueza González sostuvo que debía enviarse el caso a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que decidiera si era competente ese fuero, que ya suma diversos expedientes contra el “Mega DNU”, o el laboral, tal como había dicho el fiscal general Juan Manuel Domínguez.
“Díctase una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/23 hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados”, decidieron en el documento emitido este miércoles.
El decreto firmado por Milei fue publicado el 27 de diciembre pasado y la vigencia operaba a partir del día 30 de ese mes. Sin embargo, de forma transitoria la Justicia frenó las reformas planteadas por el nuevo gobierno.