La decisión del Gobierno argentino, liderado por el mandatario libertario Javier Milei, fue clara.
Se condensó en la famosa frase “el que corta no cobra”, utilizada para resumir la creación de un clima de criminalización de la protesta social, con el protocolo “antipiquetes” de Patricia Bullrich como eje central.
Pero las aristas de esa narrativa ya forman parte hasta del paisaje de la ciudad, ya que en las últimas horas el Ministerio de Seguridad difundió su advertencia en carteles y altavoces de las estaciones de trenes del Área Metropolitana.
Quienes circularon por estaciones como Constitución o Retiro en las últimas horas pudieron observar que el mensaje apareció en las pantallas de los “tótems” informativos. “Si te están obligando podés denunciar anónimamente al 134”, dice una de las leyendas del mensaje.
Esto último se complementó con otro mensaje un poco más largo.
“El Ministerio de Seguridad informa: si va a ejercer su derecho a protesta, tome en cuenta que sólo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por ley. Si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciarlo anónimamente llamando al 134”, fue el mensaje que está desde temprano en las estaciones.
Advertencia del gobierno de Milei a los manifestantes
En redes sociales, los usuarios y usuarias no tardaron en reportar los anuncios.
Es más, una usuaria compartió en su cuenta un breve video grabado en una de las estaciones de trenes de la ciudad de Buenos Aires, donde se escucha que por altoparlante una voz emite el mismo mensaje que la cartelería.
Y como si no alcanzara, hay que recordar que el mismo mensaje apareció por primera vez en la boca de los funcionarios como las ministras de Seguridad o Capital Humano, Sandra Pettovello, el vocero presidencial Manuel Adorni, pero se hizo texto con un cartel que apareció anteayer en la plataforma Mi Argentina.
Está claro que la intención del Gobierno es estigmatizar y atacar la protesta social.
La nueva gestión parece estar decidida a que el mensaje se escuche y resuene justo en el día que está prevista la primera manifestación de organizaciones sociales de la gestión Milei, a diez días de su asunción.
Este miércoles marcharán en homenaje a las víctimas de la represión de diciembre del 2001.
El ataque y la criminalización de la protesta que se desplegó con la llegada de la nueva gestión está dirigida contra uno de los actos que le dan sentido a la Democracia, como lo son las manifestaciones.
Sobre esa base, hasta un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación puso atención al protocolo de Bullrich.
“Criminaliza la protesta pacífica”
En los últimos días, Clément Nyaletsossi Voule, se expresó con preocupación por la iniciativa del gobierno de Milei que, para él, “criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza”.
“Sigo de cerca la situación”, avisó el funcionario.
Ante ese clima, todas las condiciones parecen estar dadas para que las fuerzas armadas puedan reprimir la manifestación.
Ante eso, las organizaciones sociales discuten por estas horas cuál es la mejor manera de cuidarse y cuidar a sus integrantes para no exponerse a los peligros que se generan en torno a un hecho democrático como manifestarse.
El dirigente social Juan Grabois contó que participará de todas las manifestaciones organizadas contra el gobierno de Milei pero bajo un nuevo rol: ya no lo hará como participante activo como dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), sino como “veedor de derechos humanos”.
Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires desde ayer comenzó a verse una intensificación de la presencia policial.
Vallas en el centro porteño esperan el inicio de la manifestación mientras que en lugares cercanos a estaciones de trenes y Subtes, cómo la Plaza Miserere, en Once, tenían este miércoles desde temprano una fuerte presencia policial.
Otros reportes señalan que hasta habría presencia de Gendarmería en lugares estratégicos como peajes. La Policía Federal está apostada con efectivos y hasta un carro hidrante en el Puente Pueyrredón.
La situación se judicializó. Amparos, medidas cautelares y habeas corpus se presentaron en las últimas horas ante la Justicia. Anoche, un juez falló a favor del Gobierno y del protocolo anunciado por la ministra.