La comisión del Congreso brasileño que investigó la intentona del pasado 8 de enero aprobó este miércoles, por mayoría, su informe final en el que acusa al exmandatario Jair Bolsonaro de ser el “mentor intelectual” de una trama golpista para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El informe, fruto de cinco meses de trabajos, propone además imputar a otras 60 personas, según lo detalló el Folha de Sao Paulo.
Entre ellas cinco exministros del Gobierno de Bolsonaro, excomandantes de la Marina y el Ejército, una veintena de militares y una diputada federal, señalados igualmente de golpismo.
El documento, respaldado por 20 votos frente a 11 contrarios y 1 abstención, será ahora remitido a la Fiscalía. Este organismo ya investiga por la vía penal la asonada y ahora decidirá si da secuencia a las indagaciones y presenta cargos ante los tribunales.
La comisión se instaló para esclarecer el violento episodio del 8 de enero, cuando simpatizantes de Bolsonaro invadieron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema.
Esos hechos ya son objeto de diversas investigaciones en el Supremo que intentan esclarecer si el líder ultraderechista incentivó la intentona y si participó en la conspiración antidemocrática.
Por el asalto de Brasilia, el Supremo ha condenado ya a una docena de personas de entre los casi 1.400 procesados. Bolsonaro, por el momento, aparece apenas como investigado.
“Responsabilidad directa” de Bolsonaro
El informe de la comisión defiende, sin embargo, que el asalto de Brasilia fue la culminación de un intento de golpe y que tiene como pieza central al capitán retirado del Ejército.
Para justificar su tesis reconstruyó, a lo largo de 1.100 páginas y apoyada en la declaración de testigos que comparecieron en la comisión, los tensos meses que antecedieron al 8 de enero.
El documento relata los bloqueos de carreteras realizados por camioneros, los campamentos ante cuarteles del Ejército para exigir una intervención militar en Brasilia.
A lo anterior se suman presuntas discusiones en el seno del Gobierno para impedir la investidura de Lula, materializadas en un borrador de “decreto golpista”.
Todo la llevó a concluir que el asalto de enero fue solo el corolario de una trama golpista que comenzó a gestarse “antes” de que Lula ganara las elecciones.
En este contexto, el informe aprobado acusa a Bolsonaro de tener “responsabilidad directa” y de ser el “mentor intelectual y moral” de la intentona golpista. Por ello, pide que sea imputado por los delitos de asociación ilícita, violencia política, abolición violenta del Estado de derecho y golpe de Estado.
Gama resaltó este miércoles “la importancia histórica” del texto porque evidencia “de forma robusta” la “tentativa” que hubo de abolir el Estado de Derecho.
La oposición caldea la votación
La sesión de este miércoles se prolongó durante siete horas y estuvo marcada por fuertes cruces de declaraciones entre la mayoría oficialista de la comisión y la oposición bolsonarista.
Estos últimos, según se detalló, llegaron a calificar a sus adversarios políticos de “canallas”.
Desde el inicio de la comisión, el bolsonarismo ha buscado responsabilizar también al Gobierno de Lula de “omisiones” en el área de seguridad que “facilitaron” la acción de los vándalos el 8 de enero.
Al no conseguirlo, tacharon el informe de “extremadamente parcial”, de “gran farsa” y de ser un instrumento para promover apenas una “persecución medieval”.
El oficialismo denunció “la erosión permanente de los valores democráticos” durante el Gobierno de Bolsonaro, según resaltó el diputado Chico Alencar (PSOL).