Argentina ya había adelantado que pensaba apelar la sentencia en firme publicada el 15 de septiembre por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que obligaba al Estado a pagar la mayor indemnización posible a dos empresas accionistas de YPF tras ocho años de litigio.
El fondo Burford Capital impulsó la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía -antes pertenecientes al grupo argentino Petersen, que tenía un 25 % de acciones en YPF-, al que se sumó Eton Park -fondo estadounidense que tenía el 2,9 % de YPF-.
La jueza Preska, en su fallo, detalló que Argentina debía pagar a Petersen 14.385 millones de dólares y a Eton Park 1.714 millones en concepto de “ruptura de contrato”.
En el caso se dirimió la compensación que Argentina debía o no pagar a inversores de YPF, que argumentaron que se vieron afectados cuando el Estado expropió a la española Repsol el 51 % de las acciones de la petrolera y no hizo una oferta pública por el resto de títulos.
Según los documentos hechos públicos este miércoles en la plataforma del sistema judicial de EE.UU., Argentina ha apelado la sentencia en firme de la jueza Preska y todos los dictámenes previos en el proceso.
Burford, en una carta, indica que Argentina, a quien califica de “deudor históricamente recalcitrante”, ha pedido paralizar la ejecución de la sentencia mientras se dirime en el tribunal de apelaciones y reclama garantías de que las indemnizadas recibirán el dinero, aunque reconoce que “queda un camino largo”.
La expropiación de YPF ocurrió durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y con el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía.
El 16 de abril de 2012, el Gobierno argentino declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol; unos días después, el 3 de mayo, el Congreso del país suramericano aprobó la ley de expropiación de YPF.
En su fallo de septiembre, la jueza dio la razón a Burford, porque consideró que Argentina tomó el control el 16 de abril (y no el 7 de mayo, cuando se publicó la ley de expropiación); la tasa de interés que debe aplicarse es 8 % (y no 0 %, como pretendía Argentina) y que el P/E ratio, un componente fundamental de la fórmula que determina el valor que debe pagar el país por las acciones, debe ser el más alto y beneficioso para el demandante.