La muerte en prisión de seis colombianos y un ecuatoriano involucrados en el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, el pasado 9 de agosto en Quito, generó este sábado la remoción de la cúpula policial de Ecuador, entre otras consecuencias.

El remezón en el alto mando policial coincidió en un momento en que las autoridades estadounidenses que colaboran en el caso Villavicencio ofrecieran una millonaria recompensa por información que permita dar con los autores intelectuales del asesinato.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, designó a César Zapata como nuevo comandante general de la Policía, en reemplazo de Fausto Salinas, removido tras el escándalo por la muerte de los siete sospechosos.

Horas antes de anunciar a Zapata, Lasso había ordenado reorganizar al alto mando policial, entre otras medidas adoptadas en momentos en que presidía una reunión del Gabinete de Seguridad de su Gobierno, al que convocó tras anunciar que regresaba de Nueva York, a donde fue por asuntos personales, y cancelara una visita oficial a Seúl.

Entre sus primeras decisiones, Lasso anunció la designación de Zapata como nuevo comandante de la Policía y alabó su trayectoria de 34 años en la institución, en la que se ha desempeñado como director de varias unidades, ha recibido más de 15 condecoraciones y ha sido reconocido por haber obtenido títulos de especialización en planificación, administración de empresas y marketing.

Lasso reconoció que la designación “se produce en un momento crítico para el país” y en instantes en que se ha “avanzando con las investigaciones” del caso Villavicencio. Esta cuenta con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, que ha ofrecido recompensas por cinco millones de dólares por información que permita dar con los actores intelectuales del crimen.

Además, el mandatario encargó la dirección general del SNAI al militar en situación de retiro Fausto Cobo, quien se venía desempeñando como director del Centro de Inteligencia Estratégica.

También se ha ordenado la separación y baja del director general de Investigación de la Policía, Alain Luna, y el traslado a otras cárceles por cuestiones de seguridad de otros seis detenidos vinculados con la investigación del caso Villavicencio.

Asimismo, el Gobierno ha decidido presentar una “denuncia penal contra José M, director subrogante del CPL Guayas 1 (Penitenciaría de Guayaquil), quien ya ha sido detenido por la Policía Nacional, para que rinda versión ante la Fiscalía” sobre la muerte de los seis colombianos.

El remezón en la cúpula policial por el asesinato de los siete sospechosos del caso Villavicencio también coincide con los últimos días de la campaña de la segunda vuelta electoral (balotaje) entre los dos candidatos presidenciales finalistas: La correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa.

Esa contienda electoral tendrá lugar el próximo 15 de octubre y quien resulte ganador completará el periodo 2021-2025 que le correspondía a Lasso, pero que fue recortado a la mitad por él mismo al invocar en mayo pasado a la “muerte cruzada”, una herramienta constitucional que le permitió disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas.

González, afín al expresidente Rafael Correa, y Noboa, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, se disputarán la Presidencia en medio de uno de los peores momentos por la acción de la delincuencia y el crimen organizado que se abate en el país desde hace algo más de dos años.