El interrogatorio al expresidente de Brasil,Jair Bolsonaro, está previsto que ocurra el jueves de la próxima semana, según informó la Policía Federal.

Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, ya ha respondido a los cuestionamientos de la Policía en diversas ocasiones desde que dejó el poder el pasado 1 de enero, cuando lo sucedió Lula, por otros casos.

Entre ellos por la asonada golpista del 8 de enero, cuando miles de sus simpatizantes invadieron de forma violenta las sedes de los tres poderes.

También, por presuntos fraudes con certificados de la vacuna anticovid y por el intento de apropiación de unas joyas que recibió durante su mandato y que son propiedad del Estado.

Bolsonaro tendrá ahora que comparecer para dar sus explicaciones sobre los mensajes de cuño golpista que intercambiaron en grupos de mensajerías empresarios vinculados a la extrema derecha brasileña, según reveló el portal Metrópoles hace un año.

En esos mensajes, varios de esos empresarios se decían abiertamente favorables a promover un golpe de Estado en caso de que Lula ganara las elecciones, lo que terminó ocurriendo en octubre de 2022, cuando el dirigente progresista derrotó en las urnas a Bolsonaro, que intentaba la reelección.

El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, archivó en la víspera la investigación en relación a seis de esos empresarios, que tuvieron sus casas allanadas sobre sus presuntas intenciones golpistas, pero mantuvo las sospechas en relación a dos: Luciano Hang y Meyer Nigri.

Sobre este último, la Policía investiga un mensaje enviado presuntamente por Bolsonaro en el que el exgobernante lo estimula a diseminar una información falsa sobre fraudes en las elecciones que también incluía críticas graves contra Luís Roberto Barroso, otro de los jueces del Supremo.

Durante la pasada campaña, Bolsonaro y varios de sus aliados encabezaron una feroz campaña de descrédito contra las urnas electrónicas que Brasil utiliza en sus comicios desde 1996 sin que se haya reportado un solo problema sobre los resultados desde entonces.

Por esos ataques constantes contra el proceso electoral y las instituciones democráticas, el exgobernante fue inhabilitado por ocho años por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el pasado 30 de junio.