Hablar de Nayib Bukele, se ha vuelto todo un tema: sus detractores apuntan contra quien denominan un líder déspota, irrespetuoso de la Constitución de El Salvador. En cambio, sus defensores, incluso internacionales, lo ven en cambio como un modelo político a seguir.
Recientemente, el periódico español, El País, publicó un alarmante informe sobre la situación político-social y de derechos humanos, en una nación de casi 7 millones de habitantes, donde más de 70 mil personas, calificadas como miembros de maras o pandillas, fueron apresadas bajo el denominado Régimen de Excepción. Éste, entró en vigencia en marzo del año pasado.
Se trata de una medida que rompe con las garantías constitucionales, sobre todo para quienes sean capturados, tras ser acusados de pertenecer a los grupos delictivos antes mencionados, que en el pasado sembraron terror en el pequeño territorio centroamericano.
La medida que ya ha sido aprobada en más de una decena de veces por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido de Bukele, Nuevas Ideas, mantiene una fuerte presencia militar en las calles, sobre todo en las zonas donde “mareros” y pandilleros lo controlaban todo.
Por poner un ejemplo, estos decidían quién podía entrar y salir de las colonias (barrios). Algunos lo hacían, pero sin vida, acusados de ser parte del grupo rival, sólo por el hecho de no ser conocidos en dichos asentamientos. Muchas veces, familiares de lugareños pagaron un alto precio por entrar a visitarlos a territorio “controlado”.
Pero en El Salvador de hoy, también controlado por una estrategia de seguridad militar, ser joven, tener tatuajes y vivir en comunidades donde operaron estas estructuras criminales, también puede ser un enorme riesgo.
Qué decir, según informes como el antes citado, si se alza la voz contra el que algunos salvadoreños denominan un régimen. Se suma, más de un centenar de fallecidos en prisión. Algunos nunca fueron vencidos en juicio, para determinar que en efecto eran pandilleros o pertenecían a maras.
“El infierno de Bukele” y la Sustancia de Hígado que enfadó a su gobierno
La escritora salvadoreña, Michelle Recinos, estaba lista a participar en la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Su obra “Sustancia de Hígado”, llevaba la esencia de lo que significa vivir en El Salvador de Bukele.
Sin embargo, la joven denunció, a través de redes sociales, que miembros del gobierno de su país movieron su influencia, impidiendo que participara en el evento. Le comunicaron que no podría llevar a cabo su presentación.
La situación se volvió de dominio público. ¿Qué había en el libro de Recinos, que incomodó tanto al gobierno de Bukele? Mucho de lo que se ha venido denunciando nacional e internacionalmente.
Y es que, la colección de cuentos, relata varios episodios de violaciones a las garantías constitucionales, en el marco del Régimen de Excepción. Uno de estos, el más sustancioso, se denomina Barberos en huelga.
El capítulo cuenta el calvario de vendedores ambulantes, ayudantes de barberías, trabajadores de tiendas, conductores de buses o microbuses de transporte colectivo, quienes fueron arrestados al ser vinculados con maras o pandillas.
Lo anterior ocurrió, según la escritora que recopiló testimonios, sin las pruebas necesarias para denominarlos de esa forma. Es parte de la suspensión de las garantías constitucionales, donde un militar o varios de estos, así como miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutan la detención sin una orden judicial y sin el debido proceso.
Según El País, parte de los detenidos, a los que hace referencia Recinos, conforman los 77 mil detenidos bajo el Régimen de Excepción de Bukele.
Uno de los crudos testimonios, cuenta que una madrugada, un joven fue sacado de su vivienda, a rastras, envuelto en los gritos de su madre, quien pedía a los vecinos que salieran a decirle a los soldados que no era marero (MS 13) o pandillero (Pandilla 18). Nadie se atrevió a respaldarla.
“Es que aquí bien sabemos que los soldados no son de hablar”. Se trata de la frase que recoge el libro sobre el riesgo de meter las manos o dar razones por otras personas.
El denominado “Infierno de Bukele” VS la popularidad de su Régimen de Excepción
Caminar por las calles de El Salvador, es encontrarse con murales alusivos a la popularidad del mandatario salvadoreño.
El infierno de las pandillas y maras pareciera desvanecido con la presencia de los militares que resguardan las calles de las zonas más conflictivas hace un tiempo no muy lejano. Sin embargo, las organizaciones que velan por los derechos civiles en ese territorio centroamericano, sostienen que el precio a pagar por el plan de Bukele, es alto, en materia de derechos humanos.
“Cualquier persona puede ser capturada arbitrariamente. Hemos encontrado en las denuncias recibidas que han sido detenidos jornaleros, sindicalistas, pescadores, agricultores, personas que han cuestionado a la policía”.
Cuando parecía que la cárcel era para mareros, pandilleros o quienes fueran acusados (injustamente) de serlo, la modalidad se extendió, según la organización antes mencionada, para quienes cuestionen al gobierno de Nayib Bukele.
“Hay sindicalistas capturados por protestar porque no les han pagado sus sueldos y más de 3.000 vendedores informales han sido desalojados de San Salvador, la capital, y amenazados con capturarlos bajo el régimen de excepción si protestan”, afirmó Ábrego.
Sin embargo, las encuestas arrojan más del 90% de apoyo ciudadano al presidente salvadoreño, desde un país donde las estructuras criminales dominaban, además, los titulares noticiosos, debido a su asedio y a los asesinatos que perpetraban. Éstos, en su punto más alto, sobrepasaban los 30 a diario.
Más de 150 reos muertos en el denominado “Infierno de Bukele”
En menos de 4 meses, Nayib Bukele renunciará a la presidencia de El Salvador. No, no se trata del fin de su mandato, sino, de la extensión del mismo por un quinquenio más, pese a que la Constitución salvadoreña impide en seis artículos (entre estos el 152) la reelección inmediata de un presidente.
No obstante, Bukele consiguió una enmienda por medio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para poder ir por la reelección en 2024. Los magistrados que le otorgaron ese salvoconducto, saltándose la misma carta magna, fueron nombrados por la bancada legislativa Nuevas Ideas, tras destituir a los que estaban vigentes, a sólo horas de que los diputados asumieran funciones en 2021.
Desde entonces, Bukele tiene la llave legislativa, no sólo para anotarse la reelección o para continuar con el Régimen de Excepción, sino, para encarcelar a quienes considere que han cometido un delito, aún y cuando no hayan pruebas de eso.
También existen casos que parte de la sociedad denomina como políticos. Uno de estos, es el del ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien lleva en prisión casi 3 años, acusado de delitos de corrupción bajo su gestión municipal con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Igual suerte corrieron otros ex compañeros de partido de Bukele (FMLN), como la ex ministra de Salud, Violeta Menjívar, quien solía acompañar al joven Nayib en eventos públicos, cuando este era alcalde efemelenista del municipio de Nuevo Cuscatlán y, posteriormente, San Salvador, entre 2012 y 2018, respectivamente.
Los blancos políticos de Bukele, son denunciados como venganzas políticas. En el caso de Muyshondt, su estado de salud se fue deteriorando con el paso de los meses. Pese a esto, sigue en prisión. Sin embargo, las aprehensiones efectuadas contra civiles, son las que más continúan preocupando a las organizaciones de derechos humanos.
Un informe reveló que 153 personas detenidas murieron en cárceles salvadoreñas, algunas de estas con evidentes signos de tortura. Al menos 75 cuerpos presentaban golpes, hematomas, heridas con objetos cortopunzantes y/o evidencias de ahorcamientos.
“Las violaciones masivas y sistemáticas ya son una política del Estado”, sentenció Cristosal. “De las denuncias que hemos recibido, más de 3.400, en el 98% de los casos no hay pruebas de que las personas detenidas tengan vínculos con las pandillas”.
El debido proceso, según esta organización salvadoreña, desapareció para los civiles capturados, en medio de la popularidad de un mandatario que también es aclamado por personas fuera de su país, desconociendo los entretelones de una política que se ejecuta como un fin justificando los medios.
“El procedimiento usado para estas capturas muestra que no hay una investigación previa, ni orden de captura dictada por un juez, sino por operativos policiales y detenciones a criterio. Este nivel de arbitrariedad hace que buena parte de estas capturas no tenga sustento”, aseguró