La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue citada por la Fiscalía de su país para que declare el próximo 31 de mayo.
Lo anterior, en la investigación preliminar abierta por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas antigubernamentales entre diciembre y marzo pasados.
La citación fue programada desde las 09.00 del próximo miércoles y fue confirmada hoy por el abogado de Boluarte, Joseph Campos.
Este mismo abogado quien dijo que esperan “con mucha expectativa ese día para efectos de poder hacer la declaración”.
“Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad”, indicó Campos a la emisora RPP.
La Fiscalía de la Nación anunció el inicio de las pesquisas preliminares el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar.
Lo anterior, porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro, Alberto Otárola.
En las pesquisas se incluyó al exprimer ministro Pedro Angulo, a los exministros del Interior Víctor Rojas; César Cervantes y al ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Aunque Campos aseguró que Boluarte tiene la intención de responder a la citación.
Pese a esto, no confirmó si la diligencia se realizará en la sede del Ministerio Público o en el Palacio de Gobierno.
“Tendremos que determinarlo”, comentó antes de recordar que el día de la citación también se realiza reunión semanal del Consejo de Ministros y se ha programado un simulacro nacional de sismo.
Protestas en Perú, muertes y la responsabilidad de Dina Boluarte
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero.
Todo esto, con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú.
Señaló, además, que la violencia a manos de las fuerzas del orden en la región sureña de Ayacucho debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial” y que la situación podría ser considerada como “una masacre”, algo que fue rechazado por el Gobierno de Boluarte.
La presidenta acusó el pasado 13 de mayo a Castillo de ser el “autor de las más de 60 víctimas” de las protestas, que vinculó con “el narcotráfico y la minería ilegal”.
“Nosotros ya sabemos, a donde vamos nos manda su piquete Pedro Castillo, financiado por el narcotráfico y financiado por la minería ilegal. No les vamos a hacer caso, nosotros seguimos trabajando”, dijo.