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En la sesión, que arrancó a las 10:17 hora local con la presencia de 109, de los 137 asambleístas de la Cámara, intervino primero los dos interpelantes designados, quienes luego le dieron paso a la participación del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ratificó este martes ante la Asamblea Nacional (Parlamento) que el juicio político de censura en su contra por presunto peculado (malversación) planteado por la oposición es “infundado”.
Al inicio de su intervención, que duró 49 minutos, el gobernante señaló que sus interpelantes “han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República”.
“Han estirado los límites de la imaginación humana, han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie”, criticó enfurecido el mandatario.
Dijo admitir que ha sido instructivo ver cómo “se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 2018, cuando este Gobierno ni siquiera existía”.
¿Peculado?
Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec).
A esto se suma la firma privada Amazonas Tanker y el no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.
En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021).
Bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas del Estado) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.
Lasso recordó que la Contraloría “jamás recomendó terminar el contrato con Amazonas Tanker” ni estableció “ningún tipo de indicios de responsabilidad penal contra ningún funcionario”.
“Todo esto debería ser más que suficiente prueba de descargo”, subrayó el gobernante antes de recordar que las empresas públicas son entidades autónomas.
Junto con esto recordó que el Presidente no tiene injerencia ni interviene en la firma de contratos ni en negociaciones.
Pero apuntó que si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir, o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, debe responder ante la justicia.
El gobernante recordó que en 2022 envió el expediente sobre Flopec y Amazonas Tankers a la Fiscalía General del Estado y subrayó que “no hay testigos relevantes de nada” ni informe acusador.
Pero hizo mención al informe elaborado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que recomendó archivar el juicio político por falta de pruebas.
A pesar de todo esto, no logró ser aprobado en esa instancia y, luego, el Pleno decidió continuar con el proceso.
Juicio contra presidente Guillermo Lasso en Ecuador
A sus acusadores les criticó el “distorsionar el verdadero sentido de lo político”, como es el servicio al ciudadano, y comentó que precisamente la condición de político que tiene el juicio “exige el máximo rigor y apego a las normas”.
Lasso apuntó que el asunto no es si se salva o no el Presidente “sino de preservar el funcionamiento” de la democracia.
Luego lamentó que el juicio político ha implicado “meses perdidos en peleas improductivas e investigaciones despistadas”.
“Es difícil creer que estamos inmersos en un inútil conflicto político, cuando la única pelea que deberíamos librar está más allá de estas paredes, donde nuestros conciudadanos verdaderamente nos necesitan”, añadió al reprochar una falta de apoyo de la oposición hacia el Gobierno frente a la crisis de seguridad que vive Ecuador.
“Todos debemos rectificar, tanto Gobierno como Asamblea, pero ese cambio será mucho más eficaz si lo hacemos en unidad y en el mismo sentido”, dijo Lasso. Lo anterior, al proponer un consenso multipartidista.
“Depongamos nuestras legítimas diferencias para trabajar juntos en contra de las mafias que atentan contra la inseguridad de todos. Todavía estamos a tiempo”, añadió.
El mandatario señaló que “el primer paso en este camino debe darse para salir de este infundado proceso cuando se conteste una simplísima pregunta y que subyace a lo largo de este juicio: ¿se puede cometer una ilegalidad en nombre de lo político?”.
