Tal como recoge Agencia EFE, los miembros de la Asamblea Nacional llevaron a cabo una votación en la cual 88 apoyaron la moción presentada por la legisladora Viviana Veloz.
En tanto, 23 votaron en contra mientras que 5 se abstuvieron.
De esta manera, el órgano decidió “enjuiciar políticamente” a Lasso por la “infracción constitucional de peculado”, admitida a trámite por la Corte Constitucional.
“La Asamblea aprobó la moción que dispone que se continúe de manera inmediata con el juicio político contra Guillermo Lasso, acorde al Art. 142, 92 y siguientes de la Ley de la Función Legislativa”, escribió la legisladora en sus redes sociales.
La resolución se alcanzó con el concurso de varios grupos políticos, sobre todo del opositor UNES, el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento indígena Pachakutik, así como de independientes.
Según la acusación descrita en la resolución legislativa, “se evidencia el desvío o distracción de los fondos” generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.
De acuerdo a Veloz, el presidente Lasso, junto a un delegado suyo, Hernán Luque, “definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.
Asimismo, asegura que Lasso “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec” y que incumplió su deber constitucional de impedir la supuesta trama de corrupción.
Sesión del pleno para interpelar al mandatario
El artículo 2 de la resolución parlamentaria dispone que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, “continúe de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político” contra Lasso, para lo cual debe convocar en un plazo de cinco días a una sesión del pleno para interpelar al mandatario.
También dispone que se notifique al presidente Lasso “con la presente resolución” y que se le entregue “el expediente íntegro de este proceso”.
La resolución de la mayoría legislativa se dio tras un polémico proceso de revisión de la propuesta de juicio político, que empezó con la admisión a trámite por el presunto delito de peculado, calificado por la Corte Constitucional, que sin embargo desecho en el trámite otras causas como concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito.