El gobierno de Perú declaró este miércoles el estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el “control de los ciudadanos extranjeros” en el país.
“Se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en la zona de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna”, anunció la presidenta, Dina Boluarte.
Lo anterior, en referencia a todas las regiones peruanas que tienen frontera, a las que se suma Puno, donde ya rige ese régimen de excepción debido a las protestas.
Boluarte afirmó que esta medida “permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de las fronteras con la finalidad de prevenir el orden interno y los derechos constitucionales de la población”.
Agregó que, en este contexto, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el “control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.
La mandataria anunció, sin embargo, que el Ejecutivo planteará al Congreso una “reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera”.
“Se trata de la modificación del artículo 165 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas presten apoyo de manera permanente en la vigilancia y el control de nuestras fronteras”, insistió la jefa de Estado.
Estado de Emergencia y otras medidas en Perú
Estas medidas fueron acordadas hoy durante el Consejo de Ministros, en el que también se aprobó un decreto supremo que modifica el reglamento de migraciones “para que los extranjeros que ingresaron sin control migratorio puedan registrarse vía regularización”.
“Esto permitirá regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular”, indicó Boluarte.
Asimismo, el Ejecutivo dio luz verde a que la Superintendencia Nacional de Migraciones exonere de multas a los extranjeros que regularicen su situación migratoria en el país.
La presidenta aclaró que esta medida se aplicará únicamente a los extranjeros que ingresaron de manera regular y que por diferentes motivos han devenido en irregular.
Alertó, sin embargo, que la amnistía “solo tiene un periodo de seis meses” y que el Gobierno “no será tolerante con mayor ampliación de este plazo”.