La figura de Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que ha declarado la guerra a las pandillas, divide a la opinión pública latinoamericana.

Mientras el mandatario colombiano, Gustavo Petro, critica abiertamente, vía Twitter, la estrategia de mano dura de su homólogo centroamericano, la revista colombiana Semana acaba de dedicar su portada al “milagro Bukele”, “el presidente que rescató a El Salvador”.

Un modelo de referencia

“Dada su popularidad y exitosa campaña para reducir la influencia de las pandillas, no es sorprendente que algunos líderes de la región quieran estudiar más su estrategia”, dice Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Centro Wilson.

“Después de todo, en América Latina, la popularidad de los presidentes en función no suele ser muy alta, y hay muy pocos ejemplos de implementaciones exitosas en materia de políticas públicas”, agrega.

En declaraciones a la agencia Deutsche Welle, Gedan señala que el estado de excepción prolongado en El Salvador es un modelo para otros países como Honduras.

Por su parte, la candidata presidencial guatemalteca Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, también promociona la estrategia de seguridad de Bukele como modelo de referencia, explica Désirée Reder, del Instituto Alemán para Estudios Globales y Regionales (GIGA, por sus siglas en inglés).

Según la experta alemana, las encuestas sobre las elecciones de este año en Guatemala son favorables a la política ultraconservadora Zury Ríos.

Pero no solo en Centroamérica se acaricia la idea de la política de mano dura. Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, también apoya la idea de construir una megacárcel al estilo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.

Bukele, “publicista de profesión”

En opinión de César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, “Bukele es un publicista de profesión, muy hábil colocando mensajes y creando narrativas y tendencias sobre los temas que él quiere”.

“Y aquí, en El Salvador”, prosigue, “el tema de la estrategia de seguridad es la punta de lanza de su candidatura para reelegirse como presidente. No es una estrategia de seguridad en sí, sino una estrategia electoral a nivel nacional. Busca reelegirse de manera ilegal, porque la Constitución lo prohíbe”.

En entrevista con DW, el defensor de derechos humanos sostiene que Bukele “le ha hecho creer a la gente que el costo para vivir en un país sin pandillas es que hay que limitar los derechos y que todos los que no apoyan la visión del presidente son enemigos del país”. Artiga incluso llega a comparar el aparato de propaganda salvadoreño con el de Joseph Goebbels en la Alemania nazi.

“Cultura de privilegios e impunidad”

Si bien el mismo Gobierno de El Salvador presenta su estrategia de seguridad como un ejemplo para la región, el coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú señala que “ese modelo solo puede ser exportable o acogido en un país donde la cultura democrática y cívica es muy baja”.

“Porque en un país con un Bukele no hay derechos, no hay democracia y no hay Estado de derecho, porque todo el poder se concentra en una sola persona. Hay una cultura de privilegios y de impunidad que está siendo la norma en el país”, sentencia César Artiga.

José Miguel Cruz, politólogo salvadoreño de la Universidad Internacional de Florida, comparte la opinión de que el modelo de seguridad de Bukele es “esencialmente autoritario”, puesto que “promulga la eliminación de los derechos fundamentales de los ciudadanos como forma de obtener seguridad”.

“Solo oculta el problema de seguridad”

Cruz recuerda a DW que, en el pasado, el país centroamericano ya ha experimentado políticas similares de “mano dura” y de “súper mano dura”.

En su opinión, estas son responsables, en buena parte, del deterioro de la situación de seguridad, ya que facilitaron el empoderamiento de las pandillas juveniles.

“Lo que está haciendo Bukele es una especie de mano dura que repite la misma fórmula de hace 20 años, solo que de manera más intensa”, sostiene.

“Poniendo a 40.000 jóvenes y pandilleros en las cárceles no elimina el problema de seguridad, más bien lo oculta por un momento, pero eso es completamente insostenible a mediano y largo plazo, especialmente porque no se han atendido los problemas sociales que dan lugar a las pandillas y a la violencia juvenil en El Salvador”, concluye.