“El Salvador ha dejado de estar en la lista de países más violentos del mundo y ha pasado a ser el más seguro de América Latina”, sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores del país centroamericano, a principios de marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el marco del Plan Control Territorial, el Gobierno de Nayib Bukele asegura haber detenido a más de 64.000 criminales y reducido drásticamente la tasa de homicidios.
Gracias a esto es que El Salvador se transformó en “un ejemplo” de cómo controlar la delincuencia para un gran sector de la población en diferentes países latinos, como lo es Chile.
Mientras el Ejecutivo defiende el régimen de excepción vigente desde hace un año, organizaciones humanitarias salvadoreñas han recibido casi 8.000 denuncias, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Pese a esto, hay varias voces que acusan a Bukele de diferentes irregularidades y crímenes a lo largo de este proceso.
Bukele habría negociado con pandillas
Las imágenes del traslado de 2.000 supuestos pandilleros al recientemente inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40.000 reos, dieron la vuelta al mundo.
El hecho desató un intercambio de tuits entre el presidente Nayib Bukele y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que comparó el penal con un “campo de concentración” para jóvenes.
En Twitter, Human Rights Watch (HRW) incluso acusó al Gobierno salvadoreño de haber negociado “beneficios con las pandillas a cambio de disminuir la tasa de homicidios y obtener apoyo electoral”.
¿Podría aplicarse el régimen de excepción de El Salvador en Chile?
Debido a la popularidad de Bukele es que BioBioChile consultó con Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, quien detalló que las realidades de Chile y El Salvador “son situaciones distintas”.
“Son situaciones no comparables y desde muchos puntos de vista, porque en El Salvador hay una situación muy grave desde hace largos años”, comentó el experto.
“En una guerra civil muy fuerte, un dominio paulatino de las Maras y del crimen organizado en una región del mundo muy sensible. No es una buena comparación con Chile”, sentenció.
Asimismo, cabe destacar que la organización criminal en El Salvador es mucho más antigua, tiene mucho mayor alcance y de mucho mayor violencia.
“De suerte que no son comparables a lo que ocurre hoy en nuestro país”, comentó Fernández.
“El gobierno salvadoreño está actuando de acuerdo a parámetros que tiene la ciudadanía, sumado a la gran cantidad de muertes en las cárceles de El Salvador”, dijo.
Esto, porque “las bandas están operando en la prisión, no dejan de delinquir ni siquiera desde las cárceles”.
Este es el motivo de por qué se construyó esta cárcel y con mucha complicidad, ya que “obedece al clamor de la población salvadoreña”.
¿Maras en Chile como en El Salvador?
“La posibilidad de que existan Maras en Chile no está absolutamente demostrada. Pese a esto sí hay un aumento exponencial y bastante preocupante de la violencia delictual”, argumentó el analista internacional.
“Puede que estén, y esto es una suposición, operando o han encontrado un momento particular para poder operar en Chile”, dijo. Pese a esto, “no es algo generalizado en Chile ni tiene la dimensión que ha tomado en El Salvador”.
“Las medidas no deben ser las mismas. De suerte que no son realidades iguales y por eso parte desde el marco de lo legal. En El Salvador se han obtenido los poderes y las legislaciones necesarias para poder actuar. Lo hacen acorde con esas disposiciones”, agrega.
Y continuó diciendo: “No solo tenemos regímenes distintos, ya que hay un régimen carcelario diferente y siempre hay que hacer modificaciones legales muy difíciles de aceptar”.
“En Chile sí ha aumentado la población penal y naturalmente para esto hay que tener una visión un poco más de largo plazo. Un condicionamiento de nuestro sistema jurídico a las nuevas realidades criminales. Pero esto se hace en todo el sistema legal”, finalizó el experto.
“Populismo punitivo”
En el país centroamericano, en cambio, los éxitos en el combate al crimen organizado se traducen en índices de aprobación del Gobierno de Bukele de hasta un 90%.
Pero, ¿cuán sostenible es la actual política de seguridad pública en el largo plazo?
La política de “populismo punitivo” del presidente salvadoreño “se basa en la apología a la violencia, al castigo y no a la rehabilitación o justicia restaurativa”.
Así lo dice Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la organización de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA).
“Las políticas de mano dura no son nuevas, y en el mediano y largo plazo no son sostenibles, porque una buena parte de la población está en prisión y esta cuestión va generando un círculo de violencia”, sentenció.