El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defiende a quienes atacaron las instituciones en Brasilia el pasado 8 de enero durante un evento en Estados Unidos.
Allí el exmandatario se refirió a los asaltantes como “cabezas de familia” y “madres” a las que se trató como “terroristas” cuando “ni siquiera tenían una navaja encima”.
“Tenemos ahora, que se van a cumplir dos meses, 900 personas presas, tratadas como terroristas. A los que no se ha encontrado, cuando fueron detenidos, ni siquiera una navaja. Y están presas. Son cabezas de familia, señoras, madres y abuelos”, dijo.
Sin embargo, a pesar de la sorpresa de Bolsonaro, las autoridades brasileñas informaron de que se llegaron a requisar hachas y explosivos.
Bolsonaro comparó lo ocurrido aquel día en Brasilia con el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.
Tras esto afirmó que en ambos episodios quienes participaron en aquello lo hicieron para protestar “en libertad” por un resultado electoral que no reconocían.
Bolsonaro por asalto a sedes de los tres Estados
En ese sentido, Bolsonaro aseguró que “la gran mayoría de las personas” que han sido detenidas ni siquiera estaban en la plaza de los Tres Poderes.
Desde finales de diciembre, en vísperas de la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos, sin fecha de vuelta.
Se espera que entre el 1 y el 4 de marzo se reúna con el expresidente Donald Trump en Washington en la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora.
Mientras tanto, Bolsonaro tiene en Brasil varias causas pendientes, entre ellas una que investiga su presunta responsabilidad en los asaltos del 8 de enero a las sedes de los tres poderes.
Esto, además de otras anteriores por sus ataques contra el sistema electoral y los jueces del Tribunal Supremo.
Investigación
El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó en las últimas horas la puesta en libertad de 137 sospechosos por su participación en aquellos ataques.
Lo anterior ocurrió pese a que deberán cumplir una serie de medidas cautelares.
Ejemplo de esto serían el uso de tobilleras electrónicas, la prohibición de salir de la comarca en la que residen, o no comunicarse con otros investigados.
Desde que se puso en marcha el dispositivo por los ataques del 8 de enero, más de 1.400 personas han sido detenidas y se decretó prisión preventiva a 950 de ellos.
Posteriormente, de esta cifra otras 460 fueron puestas en libertad bajo condiciones como presentarse semanalmente ante la Justicia.