Un grupo de congresistas peruanos de izquierdas, en minoría en el Legislativo de Perú, presentó este miércoles una moción de vacancia (destitución) contra la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”.
En el documento, que ha sido firmado por 26 parlamentarios, se esgrime como argumento para su destitución que Perú “está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte”.
“Se asume que tanto la señora Boluarte, como ninguno de los miembros de su gabinete están dispuestos a renunciar, a pesar que nuestro pueblo sigue siendo literal y nefastamente masacrado. No hay otro término que se podría usar”, se lee en parte de la moción de vacancia según constató RPP Noticias.
La presentación de una moción de este tipo debe contar, cuando menos, con la firma de 26 legisladores, tras lo cual deberá recibir 52 votos para ser admitida a trámite y para que se declare la destitución de un gobernante requiere del apoyo de 87 de los 130 congresistas.
Perú sumido en más de un mes de protestas
El pasado 7 de diciembre, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo por su fallido autogolpe de Estado, comenzaron unas protestas antigubernamentales que se expandieron por todo el país desde el 11 de diciembre y que en enero se han mantenido con fuerza.
Desde entonces, 46 manifestantes han perdido la vida en enfrentamientos con las fuerzas del orden, así como un policía, quien fue quemado vivo en su patrulla.
Al menos, 16 personas más han perdido la vida en distintos escenarios relacionados con los bloqueos de carreteras por parte de manifestantes, según han confirmado la Defensoría del Pueblo, Acnur, Unicef y la Policía.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria adelantada de elecciones generales y de una asamblea constituyente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en varias ocasiones que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente “carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú”.
Esa situación, a su juicio, “puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos”, por lo que ha instado al Estado “a que, por medio de las autoridades competentes, avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho”.