Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) murió tras el ataque de una turba que quemó el vehículo patrulla en el que se encontraba en la región sureña de Puno, donde el lunes fallecieron otras 17 personas en manifestaciones violentas, informó este martes el fiscal superior peruano Jorge Chávez Cotrina.
“El policía ha sido asesinado, esa es la palabra, por una turba que ha incendiado el patrullero y quedó atrapado dentro y ha fallecido calcinado”, declaró Chávez, quien es coordinador de las Fiscalías especializadas contra el crimen organizado, en el Canal N de televisión.
El Canal N mostró posteriormente imágenes de una patrulla totalmente calcinada en una calle de Puno y señaló que al interior se encontraban los restos del policía y que los atacantes se apropiaron de dos pistolas y un fusil automático.
El Ministerio del Interior (Mininter) confirmó luego que una turba “atacó e incendió un patrullero” durante la madrugada de este martes en la ciudad de Juliaca, aunque no confirmó que los restos encontrados sean de uno de los dos agentes que iban en la unidad.
“De acuerdo con reportes de la X Macro Región Policial, la unidad iba con dos policías a bordo, quienes fueron agredidos por la turba que se apropió de sus armas e incendió luego el vehículo, cerca del cual se halló un cuerpo carbonizado que, hasta el momento, no ha sido plenamente identificado”, remarcó.
Agregó que uno de los policías heridos, al que identificó como el suboficial de tercera Ronald Villasante, que conducía la patrulla, “logró comunicarse telefónicamente con sus compañeros”, a quienes relató el ataque y denunció la desaparición de su compañero, el suboficial de segunda José Luis Soncco.
Villasante también confirmó “la sustracción de las municiones, chaleco antibalas y armas de reglamento que ambos llevaban (dos pistolas Pietro Beretta y un fusil AKM)”.
El suboficial indicó que “fueron retenidos y agredidos físicamente por unos 350 manifestantes, desconociendo cuál es la situación de Soncco”, y luego fue trasladado a una clínica local “donde se le diagnosticó policontusiones y heridas múltiples en la cabeza, por lo que permanece en observación médica”.
Sin garantías de seguridad
En sus declaraciones al Canal N, el fiscal Chávez indicó que los representantes del Ministerio Público se dirigen a la zona donde se produjo el ataque contra el policía, con la intención de ordenar el levantamiento del cadáver, pero indicó que en Puno no tienen “las garantías del caso” para cumplir con su misión.
El último reporte de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno confirmó que los fallecidos en las protestas del lunes son 17, 4 de ellos aún sin ser identificados, y que otras 73 personas resultaron heridas.
“La turba es muy grande”, remarcó Chávez antes de señalar que un equipo de fiscales buscó desde la primera hora de esta martes que se realicen las necropsias a los fallecidos, incluido el policía, “para entregárselos a sus familiares lo más pronto posible”.
Chávez dijo que los fiscales iniciarán una investigación preliminar para “establecer e individualizar quiénes son los responsables de estas muertes”.
“La Fiscalía viene trabajando conjuntamente con la Policía para identificar quiénes están detrás de estos hechos criminales”, reiteró antes de indicar que una investigación compleja tiene un plazo de 18 meses, pero “obviamente” no van a esperar ese tiempo.
Violencia desatada
Al menos 17 manifestantes murieron este lunes en la ciudad puneña de Juliaca en las protestas alrededor del aeropuerto de la localidad, además de un bebé que debía ser trasladado a un centro médico y no pudo llegar por los bloqueos, lo que elevó a 46 la cifra de decesos desde el pasado 11 de diciembre en todo el país.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones generales a 2023.
El primer ministro, Alberto Otárola, denunció, en ese sentido, que hay en marcha un “ataque organizado hacia el Estado de derecho y a las instituciones” y un “golpe de Estado”, del que ha responsabilizado a los manifestantes.
Otárola también dijo que el Gobierno anunciará en las próximas horas mayores medidas de seguridad en la región y que una delegación de alto nivel del Ejecutivo viajará este martes a Puno para buscar establecer un diálogo con los manifestantes.
El Gobierno de Puno, una región ubicada casi 1.300 kilómetros al sur de Lima, decretó este martes tres días de duelo en toda su jurisdicción por las muertes en Juliaca, en sucesos que después se extendieron a saqueos y quema de locales públicos y privados en otras ciudades de la región, como Puno e Ilave.
En los ataques se destruyeron las sedes de la Superintendencia Nacional de Aduanas (Sunad), del Ministerio Público y la casa del congresista Jorge Luis Flores, representante de Puno por el partido Acción Popular, que fue incendiada.