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El Gobierno de Perú informó este lunes que prohibió el ingreso al país del expresidente boliviano Evo Morales y otros ocho ciudadanos de ese país, a los que acusa de haber efectuado "actividades de índole política proselitista" que han afectado la "seguridad nacional" del país.
El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, acusó al expresidente boliviano Evo Morales de tener “una activa participación política en el sur” y “afectar directamente” las normas del país, poco después de conocerse que el Ejecutivo había prohibido el ingreso al exmandatario.
“La Superintendencia Nacional de Migraciones ha decidido el impedimento de ingreso al Perú de Evo Morales (…) por afectar directamente a las normas de Perú”, dijo Otárola en una declaración la que explicó los motivos por los que el Gobierno decidió impedir el ingreso del expresidente y otras ocho personas.
Concretamente, se refirió al artículo 48 de la ley que “establece que no ingresa al Perú cualquier persona que amenaza o solivianta el orden interno”.
“No volverá a entrar más a nuestro Perú a no ser que se levante este impedimento establecido en las normas internas”, detalló el jefe de gabinete.
A juicio de Otárola, esas nueve personas -Morales incluido- “han estado muy activos propiciando una situación de crisis” y aseguró que la decisión “firme y de emergencia” ha “sido tomada en beneficio de la vida y la integridad de todos los peruanos”.
La crisis tras el autogolpe
Las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron el pasado 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo se han concentrado tras una tregua navideña en el sur del país, especialmente en el departamento de Puno, fronterizo con Bolivia.
Poco antes, el Ministerio del Interior detalló en un comunicado que, “en los últimos meses, se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista”.
Eso “constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú”.
La decisión de las autoridades peruanas se conoció después de que la presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció la semana pasada que estaba analizando junto a la autoridad migratoria “la situación de ingreso” de Morales a su país, porque no debe “intervenir en temas internos”.
“En Perú tenemos el derecho de tejer nuestra propia historia y que nadie, personas ajenas al territorio nacional, tengan que estar viniendo y querer intervenir”, subrayó.
En noviembre de 2021, la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró persona non grata a Morales “por su negativo activismo político en Perú y su evidente injerencia e intromisión en la agenda del Gobierno” del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022).
Morales también fue denunciado el pasado jueves ante la Fiscalía de Perú por el congresista ultraconservador Jorge Montoya, por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de “atentado contra la integridad nacional”.
Morales (2006-2019) mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en regiones del sur del país, durante el Gobierno de Castillo con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, la plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.
