Miles de personas continúan este lunes por quinto día consecutivo participando en las protestas en las que se reclama la salida de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso, en especial en las zonas rurales del sur del país, donde se han registrado bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las autoridades.
Las últimas cifras oficiales hablan de al menos trece de las principales carreteras del país bloqueadas en los departamentos de Puno; Cuzco, Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Ucayali y Tacna, mientas que más de medio centenar de otras vías secundarias continúan en la misma situación.
Mientras tanto, en la capital, Lima, al menos un centenar de personas han sido detenidas mientras participaban en las protestas.
Asimismo, varios sectores y sindicatos ha anunciado que se sumaran a las jornadas de huelga que se convocaron antes del fin de semana.
Congresistas del departamento de Puno han emitido un comunicado conjunto para exigir la renuncia de Boluarte después de los enfrentamientos que se registraron el fin de semana en la región, que dejaron una treintena de personas heridas, entre ellas varios periodistas.
“Los últimos acontecimientos en Puno han confirmado el carácter represivo, dictatorial, militar, y abusivo”, ha denunciado el grupo parlamentario que representa a esta región, que ha criticado el uso desproporcionado y a discreción de la fuerza contra “mujeres, jóvenes, adolescentes, vecinos y prensa”.
Los diputados han hecho suyas también las demandas de los manifestantes y han recalcado que el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y la creación de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna son reclamaciones “ante tanto olvido y abandono”.
Las protestas en Perú se iniciaron tras la detención del expresidente Pedro Castillo y su acusación por rebelión al intentar cerrar el Congreso y convocar elecciones parlamentarias tras año y medio intentando gobernar, al tiempo que lidiaba con las maniobras de la cámara, que a la tercera logró su destitución.
Como consecuencia de la represión de las protestas por parte de las fuerzas del orden, cerca una treintena de personas han muerto. La Fiscalía abrió el viernes una investigación contra Boluarte y varios ministros del gabinete por estos hechos.