El presidente argentino, Alberto Fernández, abrió un conflicto institucional con la Corte Suprema al negarse a acatar un fallo que obliga al Gobierno a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decisión en la que cuenta con el apoyo de varios gobernadores provinciales, pero que le enfrenta con la oposición, que podría pedir un juicio político en su contra.
La controversia tiene su origen en 2020, cuando el Gobierno del peronista Fernández recortó los fondos que debe girar a la capital, un estado autónomo como las provincias argentinas, en concepto de distribución de los impuestos que el Fisco recauda y que deben ser repartidos entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno capitalino, en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, uno de las principales figuras de la oposición, acudió entonces a la Corte Suprema, que este miércoles, por unanimidad, dictó una medida cautelar.
Esta obliga al Ejecutivo nacional a restituir a Buenos Aires el 2,95% de los fondos de la denominada coparticipación federal frente al 2,32% actual, por lo que la ciudad debe recibir 180.000 millones de pesos argentinos (904 mil millones de pesos chilenos) adicionales a los que ya percibe.
Fernández, que ha iniciado su último año de mandato con serios desequilibrios económicos aún no resueltos y mantiene abiertas críticas al Poder Judicial, tachó el fallo de “político”, “incongruente” y “de imposible cumplimiento” y decidió recusar a los miembros del máximo tribunal y solicitar la revocación de la medida.
La decisión fue respaldada por los gobernadores de catorce de las 23 provincias argentinas, que pedirán a la Corte ser tenidas como partes en la causa, en tanto que este viernes otros cuatro mandatarios provinciales también expresaron su preocupación por el conflicto abierto.
Cuestión constitucional
Sin embargo, el alcalde capitalino rechazó, en una rueda de prensa ofrecida este viernes, que el fallo afecte los fondos que reciben las provincias y anticipó que, si el Ejecutivo nacional no cumple con el fallo, denunciará judicialmente a los funcionarios responsables.
“El presidente tiene que hacerse responsable de esta decisión de violar la Constitución”, afirmó Rodríguez Larreta, que se perfila como posible candidato a las presidenciales de 2023.
A su juicio, la decisión del mandatario de incumplir el fallo quiebra “el orden constitucional”, viola “el estado de derecho y la democracia” y constituye “el peor intento de una larga lista de ataques del kirchnerismo para anular la Justicia”.
Para el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, “hay un claro incumplimiento de la Constitución” en la decisión del jefe de Estado de no acatar el fallo.
“Claramente, lo que se está produciendo es un desacato, desobediencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, es decir, lo contrario de lo que debe hacer un poder que se encuadra dentro de la Constitución”, dijo a EFE Sabsay.
Más grieta
Rodríguez Larreta reveló que los bloques de Juntos por el Cambio, la coalición que en 2015 llevó al conservador Mauricio Macri a la Casa Rosada, analiza otras acciones judiciales y legislativas ante la determinación de Fernández, lo que podría incluir un eventual pedido en el Parlamento de juicio político.
Todo este conflicto de poderes no hace más que profundizar la grieta política en una Argentina que se encamina a un complejo proceso electoral el próximo año.
“El presidente tomó una decisión conflictiva y que genera, nuevamente, una ancha grieta”, dijo a EFE el analista político Jorge Arias, de la consultora Polilat.
Para el experto, “ante este conflicto de poderes nadie es inocente, ni el presidente, ni el jefe de Gobierno de la ciudad, ni los gobernadores, ni los miembros de la Corte Suprema”, sino que “todos están, en definitiva, alineándose en una grieta en torno a las próximas elecciones”.