El expresidente del Perú, Pedro Castillo, permanecerá en prisión por 18 meses, tras ser detenido para ser investigado por rebelión por tratar de dar un golpe de Estado y cerrar el Congreso, resolvió este jueves la Corte Suprema.
La decisión de un juez supremo, que declaró fundado un pedido de la fiscalía, se sustenta en que existe “peligro de fuga” del imputado, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. La medida se extiende hasta junio de 2024.
“Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (…) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024”, leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.
De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que “existe periodo procesal de fuga” y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.
En el requerimiento fiscal se incluyó al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo, Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar la investigación preparatoria a Castillo.
Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una “medida de comparecencia con restricciones”.
Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La investigación ha sido calificada de “compleja” por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.
Ningún defensor de Castillo se presentó a la audiencia
Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.
Ni Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses presentada por la Fiscalía de Perú.
Al inicio de la audiencia, convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.
En ese sentido, el juez Checkley informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.
Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla, iban a participar en la audiencia de prisión preventiva.
“Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión”, indicó antes de señalar que entre ellos figura una “vacancia (destitución) ilegal y exprés”.
Agregó que el Congreso también ha realizado un “levantamiento del antejuicio”, al que tiene derecho el exgobernante, “ilegal y exprés” y que la audiencia también se ha programado “para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones”.